"Estamos atentos a que la reforma anunciada cumpla con los fines democratizadores, de acuerdo a los conversado, y contribuya al restablecimiento de los derechos", manifestó el grupo opositor, que consideró que esta ley ha sido "utilizada como un instrumento de persecución y represión de la disidencia".
La 'Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia' fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de "odio" que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados "delitos de odio" y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento "para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder".
En un comunicado compartido en X, los exdiputados subrayaron que la solicitud de la reforma se da en el marco de este proceso de diálogo orientado a la "reinstitucionalización democrática del país y a la celebración de elecciones justas, libres y transparentes".
Asimismo, advirtieron que aún permanecen vigentes otras normas y mecanismos que "han sido utilizados con fines represivos", por lo que reiteraron su compromiso de seguir trabajando hasta "lograr su desmantelamiento y restablecer plenamente las garantías democráticas".
"Trabajamos para desmontar los instrumentos que han restringido los derechos y las libertades de los venezolanos", aseguró este grupo opositor, que mantiene un diálogo con el chavismo, instalado formalmente desde el pasado agosto, en el que no participan los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.
Más temprano, Delcy Rodríguez informó sobre la solicitud de reforma y afirmó que es para "avanzar en la despenalización de las conductas previstas" en esta ley y como parte de las acciones del Gobierno para "transformar el sistema de justicia penal" y "favorecer el reencuentro y convivencia democrática" en Venezuela.
Por tanto, pidió que esta iniciativa sea considerada con "carácter de urgencia" en una carta dirigida a su hermano y presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez EFE