"Seguimos exigiendo la derogación", expresó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en X, donde señaló que la norma "no solo penaliza la expresión, también permite revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos".
Para el SNTP, eliminar las penas de prisión "sería un avance importante, pero no es suficiente si se mantienen disposiciones que permiten" esas otras sanciones.
Por tanto, consideró que la revisión "debe desmontar tanto la penalización de la expresión como los mecanismos de censura".
"Una reforma limitada a la despenalización dejaría vigentes restricciones muy graves para la libertad de prensa y de expresión", sostuvo.
En una carta que difundió este martes, Rodríguez explicó que la solicitada reforma tiene como objetivo "avanzar en la despenalización de las conductas previstas" en la ley y que forma parte de las acciones del Gobierno para "transformar el sistema de justicia penal" y "favorecer el reencuentro y convivencia democrática".
El Colegio Nacional de Periodistas dijo en X que la ley debe ser derogada por su "carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión".
La ONG Espacio Público también exigió su "derogación inmediata", al indicar que la ley "utiliza la justicia para criminalizar el pensamiento crítico, sancionar la contraloría de la gestión pública, afectar legalmente a quienes cuestionan al Estado y restringir el ecosistema informativo".
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, recordó que su organización no gubernamental ha solicitado "la urgente derogatoria del marco jurídico que ha permitido la criminalización de los derechos ciudadanos", lo que incluye la ley contra el odio.
"Exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación", expresó el activista.
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de "odio" que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
En febrero pasado, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, admitió el uso inadecuado de la ley, que establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados "delitos de odio", y consideró posible una reforma.