La Sala Civil no admitió la demanda porque consideró que es competencia de las secciones civiles de los tribunales de instancia.
Los abogados del cantante demandaron a la vicepresidenta segunda por unas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa de televisión 'La Hora de la 1', en la pública RTVE, el pasado enero, a raíz de la denuncia de dos exempleadas contra Iglesias por delitos de abuso sexual, que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Yolanda Díaz dijo en Bluesky que le parecían "escalofriantes" los testimonios de las exempleadas y agradecía la denuncia "a las mujeres valientes y a las periodistas" que trabajaron en la investigación sobre "abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente".
En RTVE afirmó que la investigación que se estaba conociendo le producía "terror" y "pánico" y que en ese caso se concentraban "todas las vulneraciones de los derechos humanos" sobre mujeres que, según dijo, estaban en una "posición de inferioridad extrema" como seres humanos y como trabajadoras del cantante español.
En su auto, la Sala recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que el Supremo es competente en las demandas de responsabilidad civil de los miembros del Gobierno "por hechos realizados en el ejercicio de su cargo".
Sin embargo, considera que en este caso "las opiniones o manifestaciones controvertidas no guardan la necesaria conexión con el ejercicio de los cargos que motivan el aforamiento".
"Se trata de declaraciones que, si bien proceden de una persona aforada, no están protegidas por las prerrogativas establecidas, ya que en el mensaje de Bluesky actuó como ciudadana y dirigente política", explica el tribunal.
En su demanda, el cantante reclamaba que Yolanda Díaz reconociera que sus manifestaciones constituían "una intromisión ilegítima en el derecho al honor" de Iglesias, y que se retractara públicamente, además de pagar una indemnización y las costas del proceso.
Julio Iglesias fue denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores, si bien la Fiscalía acabó archivando la denuncia por falta de jurisdicción y competencia de los tribunales españoles.