En la reunión, integrantes del área de Discapacidad de la comisión de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina presentaron a autoridades del Ministerio de Salud un documento en el que se detallan diversos problemas que afronta el sector de la discapacidad, que ha sufrido el severo ajuste fiscal puesto en marcha por Milei desde finales de 2023.
Este ajuste ha impactado en una falta de actualización de lo que cobran profesionales e instituciones de servicios a las personas con discapacidad -provocando cierres de instituciones, menor disponibilidad de servicios y mayores gastos para las familias- y la caducidad de pensiones y una menor cantidad de pensiones otorgadas a quienes las solicitan.
El encuentro, que, según fuentes eclesiásticas, se desarrolló en un clima de “diálogo respetuoso y constructivo”, se produjo cuando falta poco más de un mes para la llegada a Argentina de León XIV, quien, entre otros sitio, visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole, un importante centro residencial de asistencia y contención para personas con discapacidad.
“Somos conscientes de que muchas familias y numerosas instituciones vinculadas con la discapacidad están atravesando momentos particularmente difíciles. Son ellas, especialmente las personas con discapacidad y quienes las acompañan, quienes deben estar en el centro de nuestra atención y de nuestros mayores esfuerzos”, dijo el área de Discapacidad de la Pastoral Social en un comunicado.
El documento presentado este lunes al Gobierno pide, entre otras cosas, prorrogar la ley de emergencia en el ámbito de la discapacidad hasta tanto se debata y apruebe un nuevo marco legal, sin quitar derechos adquiridos y garantizando la continuidad de las prestaciones.
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Además, el documento señaló que es “especialmente preocupante” la situación de unas 200.000 personas cuya solicitud de una pensión por discapacidad permanece en trámite, “frente a menos de 10.000 pensiones otorgadas durante los últimos tres años”.
“Es importante reiterar que los tiempos administrativos no son neutros para las personas con discapacidad. Las demoras en el reconocimiento y acceso a una prestación pueden tener consecuencias concretas sobre sus condiciones de vida, su autonomía y el acceso efectivo a otros derechos”, afirmó el documento.