Fuentes de Sumar, impulsora de la ley, explicaron a EFE que consideran que esta iniciativa reúne los requisitos de urgencia para que pueda ser aprobada por decreto y se vote su convalidación en la Diputación Permanente, el órgano de la Cámara Baja española que cumple sus funciones mientras el periodo de sesiones está cerrado o si el Parlamento se disuelve por convocatoria electoral.
Para Sumar, es evidente que un decreto para otorgar la nacionalidad a los descendientes de los saharauis durante la administración española tiene "legitimidad política" porque si no ha llegado a terminar su tramitación legislativa ha sido por el "filibusterismo" opositor Partido Popular (PP).
Recuerdan, además, que es una medida que espera mucha gente y con el añadido de que hay un conflicto armado.
La ley de nacionalidad saharaui fue aprobada en el Congreso el 10 de septiembre con el voto a favor de la mayoría de la Cámara, la abstención de PP y Junts y el "no" del ultranacionalista Vox.
Esta norma, de la que podrían beneficiarse entre 80.000 y 120.000 personas, según los colectivos saharauis, fue enmendada por el PP en el Senado y tendría que haberse votado en el pleno de la Cámara Alta esta semana, pero no ha llegado a celebrarse al disolverse las Cortes este martes por la convocatoria de elecciones generales.
Aunque el texto enmendado por el PP hubiera salido adelante en el Senado por la mayoría absoluta de los populares, las enmiendas habrían caído previsiblemente cuando la proposición hubiera sido devuelta al Congreso una semana más tarde.