Privados de libertad en Uruguay creen que el Estado puede ayudarlos en su reinserción

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Montevideo, 16 oct (EFE).- El Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad de Uruguay revela que el 76,4 % de los presos cree que el Estado puede mejorar sus posibilidades de reinserción social.

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Al ser consultados sobre las formas en que este puede ayudar, el 73,8 % habló de apoyos para conseguir trabajo y, en menor medida, se mencionó el acceso a la vivienda, la educación, el tratamiento por consumo, la revinculación familiar y la salud mental.

En diálogo con la prensa, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, valoró este dato como un reflejo "de la confianza que tienen las personas en el Estado", en especial al tratarse de quienes "continúan siendo tan vulneradas en las condiciones de reclusión".

Para dar respuesta a estas demandas, dijo que ya está en marcha el programa Libertad Segura, lanzado por el Ministerio del Interior en mayo, que "tiene el eje en el empleo protegido, pero que también atiende la vivienda, la atención de salud, el uso problemático de drogas, la trayectoria educativa y otras prestaciones".

El sociólogo Eduardo Bottinelli, a cargo de la presentación de los datos de este viernes, advirtió que Uruguay "está liderando los rankings de tasas de prisionalización", con 480 presos cada 100.000 habitantes y que esto "es un problema para el país, por las condiciones que tiene el sistema mismo para absorber esa cantidad de personas privadas de libertad".

Señaló que Uruguay registra "un aumento mucho más rápido que otros países", ya que esta tasa se duplicó entre 2003 y 2025, pero valoró mejoras en cuanto a la percepción que tienen los reclusos de la seguridad interna de las cárceles, la convivencia y el acceso a la educación y el trabajo.

Dentro de los establecimientos, uno de cada diez reclusos dijo haber sufrido algún tipo de agresión física en los seis meses previos al censo, pero el 86,6 % de quienes sufrieron hechos violentos no lo denunció. No obstante, seis de cada diez presos se sienten seguros dentro de los establecimientos y el 89 % asegura que la convivencia dentro es buena o muy buena.

Esta medición contó con la participación de 13.182 personas, lo que representa el 80 % del total de privados de libertad del país. Entre el 20 % que falta, un 10 % rechazó participar.

Se trata del segundo censo realizado en el país de estas características, siendo el anterior de 2010. Las entrevistas fueron presenciales y se realizaron entre febrero y diciembre de 2025.