Así lo revela el Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, cuyos resultados fueron presentados este viernes por el Ministerio del Interior e indicaron que hay características que han cambiado poco, una de ellas que el 92,1 % son varones con una edad promedio de 33 años.
Las mujeres, en tanto, son el 7,4 % de la población privada de libertad del país, y un 0,4 % restante refiere a personas con otras identidades de género.
Se trata de una población joven (seis de cada diez tienen menos de 35 años) y mayoritariamente blanca, con una representación del 54,7 %. No obstante, el censo revela una "sobrerrepresentación de las personas afro" en las cárceles uruguayas, ya que estas son el 20,2 %, el doble que en el total de la población del país.
El censo muestra que las vulnerabilidades de esta población "se acumulan desde temprano". El 20,5 % dice haber vivido en la calle siendo niño o adolescente, el 26,8 % estuvo en instituciones al amparo del Estado siendo menor de edad y el 22,7 % reconoce que había violencia en su núcleo familiar.
Asimismo, se detalla que las trayectorias son distintas en función del género. El 68,3 % tiene hijos y el 22 % de las mujeres fue madre antes de alcanzar la mayoría de edad, muestra de una maternidad temprana y una carga de más responsabilidades de cuidado.
En cuanto a la educación y el trabajo, más de la mitad abandonó los estudios antes de los 15 años, el 87,7 % tuvo alguna vez trabajo remunerado y el 60 % estaba trabajando antes de su reclusión.
En la actualidad, el 41,6 % estudia y el 37,9 % trabaja, pero el 85,4 % no recibe remuneración. Además, hay quienes desean estudiar o trabajar, pero no lo consiguen por falta de cupos.
En materia de drogas, el 69 % admite haber consumido alcohol u otras sustancias en el año previo a su reclusión, el 52,6 % asume que su consumo era problemático y solo el 12,5 % dice haber solicitado ayuda por ello una vez preso. Entre las sustancias, predomina el consumo de pasta base de cocaína en el 58,2 % de los reclusos.
En total, el censo contó con la participación de 13.182 personas, lo que representa el 80 % del total de privados de libertad del país. Entre el 20 % que falta, un 10 % rechazó participar.
Se trata del segundo censo realizado en el país de estas características, siendo el anterior de 2010. Las entrevistas fueron presenciales y se realizaron entre febrero y diciembre de 2025.