La estación cerró este viernes para realizar labores de limpieza debido a la "insalubridad" derivada -según las mismas fuentes- de esa acampada, que ocupa prácticamente toda la plaza de la Puerta del Sol desde hace tres semanas.
Sin embargo, la estación del ferrocarril de cercanías, que se encuentra en el mismo lugar y depende del Gobierno central, se mantiene en funcionamiento.
El informe de riesgo higiénico, según las fuentes regionales, establece expresamente que no se debe reanudar el servicio de metro en Sol hasta disponer de "garantías objetivas y documentadas de que las condiciones de seguridad y salud han sido restablecidas".
Y añaden que para ello debe finalizar "la ventilación de las instalaciones, la recogida de muestras, su análisis y la obtención de los resultados".
El ejecutivo conservador de Madrid está intentando, incluso por vía judicial, que el campamento sea levantado, pues lo considera "ilegal" y denuncia perjuicios como la caída de ventas comerciales, daños en el patrimonio monumental e impedimento de transitar libremente por el lugar, altamente frecuentado todo el año por residentes locales y turistas españoles y extranjeros.
Por el contrario, el Gobierno progresista español se niega a desmantelar la acampada con el argumento de que no afecta al orden público, al menos por ahora, mientras que la justicia ha rechazado las medidas cautelares pedidas por Madrid para proceder al desalojo inmediato de la plaza.
La acampada comenzó al terminar una manifestación para denunciar la carestía de los alquileres y el desahucio de inquilinos que no pueden asumir la subida constante de los precios de la vivienda.
El desahucio de una anciana de 87 años de Madrid, que murió después en un hospital, el pasado 7 de octubre, sacudió y polarizó el debate social y político en torno a la crisis de la vivienda.