La denuncia forma parte del informe "Derechos humanos bajo asedio", presentado este lunes en Nairobi, que analiza la respuesta de las autoridades a las movilizaciones registradas entre 2023 y 2025 contra las subidas de impuestos del Gobierno, el alto endeudamiento público, la corrupción y el encarecimiento de productos básicos.
El estudio, elaborado a partir de entrevistas con 102 personas y del análisis de presupuestos, políticas fiscales y documentos parlamentarios, acusa al Gobierno keniano de recurrir a detenciones arbitrarias, secuestros, vigilancia, procesos judiciales y restricciones a los medios para contener las protestas.
"Parece haber sido una táctica que se utilizó y que se sigue utilizando, tanto contra manifestantes como contra la sociedad civil", afirmó en rueda de prensa David Ngira, investigador regional de derechos económicos, sociales y culturales de AI y principal autor del informe.
Según Ngira, los citados "matones" se han presentado en ocasiones como "contramanifestantes" para irrumpir en movilizaciones.
AI reconoció que no pudo determinar quién financia a esos individuos y señaló que existen acusaciones que los vinculan tanto con sectores del oficialismo como de la oposición.
"Quienquiera que los controle o les pague, el Estado es el beneficiario final porque sirven para hacer que las protestas sean aterradoras, arriesgadas y violentas y mantener a la gente fuera de las calles", sostuvo Ngira.
Entre los casos documentados figura el de un manifestante que aseguró haber sido atacado por cinco hombres armados con porras durante una rueda de prensa en Kisumu (oeste), pese a que cuatro policías uniformados se encontraban cerca.
"Me sujetaron por ambos lados y me golpearon. (...) Todavía tengo marcas y heridas", relató la víctima, según el testimonio recogido por AI.
El informe recoge, asimismo, declaraciones de 36 personas de cinco condados que fueron detenidas por la Policía o secuestradas por individuos sospechosos de pertenecer a las fuerzas de seguridad durante las protestas.
De ellas, catorce afirmaron que nunca recibieron una explicación sobre los motivos de su detención y sólo once fueron formalmente acusadas ante los tribunales.
AI denunció también el uso de la legislación antiterrorista contra participantes en las movilizaciones y aseguró que hasta 97 personas fueron acusadas de delitos de terrorismo durante las protestas de junio y julio de 2025.
La denuncia sobre los "matones" cobra relevancia a menos de un año de las elecciones generales de agosto de 2027.
Un informe publicado este mes por el Proyecto de Datos sobre Localización y Eventos de Conflictos Armados (ACLED) contabilizó en lo que va de 2026 al menos 29 episodios de violencia relacionados con distintas "milicias políticas", muchas de ellas grupos contratados por dirigentes políticos.
ACLED advierte de que el uso de estos grupos ya no se limita a los periodos electorales, sino que se ha extendido a protestas y mítines políticos, y señala que su actividad y la violencia de represalia constituyen un riesgo de cara a los comicios de 2027.
"Esperamos seguir abordando esta conversación mientras nos encaminamos hacia nuestras elecciones generales del próximo año", concluyó el director ejecutivo de AI Kenia, George Morara.