El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, compareció ante los medios tras una reunión de crisis después de un fin de semana marcado por los saqueos y pillajes, surgidos al margen de las multitudinarias manifestaciones del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la educación y la sanidad, tras casi 10 años de mandato del presidente Emmanuel Macron.
Con el propio Macron de viaje oficial en el Golfo Pérsico, Lecornu fue el responsable de comunicar las medidas con las que el Gobierno espera atajar una oleada de violencia cuyos precedentes más recientes son los disturbios por la muerte del menor Nahel (junio de 2023), la reforma de las pensiones (invierno de 2023) y los 'chalecos amarillos' (2018).
El primer ministro justificó una puesta en marcha próximamente de toques de queda, sin concretar en qué zonas, antes de que decretar el estado de emergencia, que otorga más poderes a las fuerzas del orden.
"Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia", declaró Lecornu, quien no descartó un estado de emergencia más tarde, al tiempo que indicó que el Ministerio del Interior comunicará una "cartografía bastante precisa" de las zonas afectadas a lo largo de la tarde.
Ante las graves consecuencias económicas de los tumultos, Lecornu anunció además que los trabajadores de los comercios afectados por los disturbios podrán acogerse desde el martes a un dispositivo de paro parcial, con una cobertura por parte del Estado del 100 %.
Se trata de una medida de "protección del empleo", ya que "no podemos permitir que haya daños sociales después de los destrozos materiales", añadió el gobernante, sin precisar cuál será su costo en un momento de extrema fragilidad económica de Francia.
De hecho, este mismo lunes los inversores castigaron la inestabilidad social francesa tanto en la cotización de sus bonos a 10 años (aumentó el diferencial con el bono de referencia alemán hasta los 144 puntos base), como en el índice parisino bursátil CAC-40 (-1,5 % al ecuador de la sesión).
Todo ello en un contexto preelectoral (las presidenciales son en seis meses) y con un proyecto presupuestario del Gobierno con dificultad para prosperar en la Asamblea Nacional francesa, fragmentada en tres bloques (izquierda, centroderecha macronista y ultraderecha).
En su comparecencia ante la prensa, Lecornu acusó, de nuevo, a la ultraizquierda de intentar desestabilizar las elecciones presidenciales en las que, según varios sondeos, figura la ultraderechista Marine Le Pen como favorita, con el izquierdista Jean Luc Mélenchon en segundo lugar.
"Hay toda una nebulosa que puede activarse para cuestionar el calendario y la celebración de las elecciones presidenciales", advirtió Lecornu, quien, citando a los servicios secretos, ahondó en que ese movimiento de extrema izquierda "quiere organizar un profundo desorden en el país hasta las elecciones presidenciales".
En ese sentido, reconoció que ha sido "un milagro" que no haya habido víctimas mortales, volvió a respaldar la criticada actuación de las fuerzas del orden y alertó de que el Gobierno está poniendo en marcha "una respuesta penal masiva" tras los pillajes y saqueos en numerosos comercios en Francia.
Lecornu indicó que, solo en el área de París, hay 200 investigadores que trabajan en identificar a los saqueadores gracias a las imágenes de videovigilancia, pues muchos de ellos actuaron a cara descubierta.
El jefe de Gobierno expuso que también se pedirá la cooperación de los ciudadanos "para que ayuden en la identificación" de los sospechosos.
Hasta las 08.00 horas del lunes, 2.331 personas permanecían bajo custodia policial por los disturbios y saqueos, según el Ministerio de Justicia, quien señaló que el 70 % eran mayores de edad y que la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80 % de los casos.
Los disturbios del sábado dejaron saqueos de comercios, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en París y otras ciudades francesas.