En una rueda de prensa, María Espinosa, defensora de derechos colectivos, de la naturaleza, y miembro de Amazon Frontlines, recordó que desde mediados de 2024 implementaron un programa de protección a defensores de derechos humanos en la Amazonía, y subrayó que 25 de los 39 casos que han acompañado tenían "altísimo riesgo", incluso "riesgo cierto contra la vida".
Por ello, algunos defensores debieron abandonar temporalmente sus territorios para velar por su vida, explicó.
De los 39 casos -que incluyen procesos, personas, comunidades, guardias indígenas- 37 "siguen hoy logrando defender sus territorios y sus procesos comunitarios, y esto no ha sido gracias a los gobiernos", dijo.
Apuntó que ninguno de los Gobiernos de Ecuador, Colombia o Perú "ofrecen garantías para las personas defensoras de derechos humanos" y que, por el contrario, son uno de "los principales actores de riesgo para la labor de defender derechos humanos".
Espinosa agregó que en los 39 casos han documentado "como la presencia de empresas extractivas, legales o ilegales, la participación de los propios Estados tienen un interés en controlar los territorios indígenas para actividades de explotación y de despojo".
Entre los "principales perpetradores de riesgo se encuentran las fuerzas armadas y policiales, pero también el sistema de justicia" pues "hay un uso abusivo del derecho penal y administrativo para perseguir y silenciar la voz" de los defensores, señaló.
"Defender derechos humanos no es terrorismo, defender derechos humanos no nos hace criminales", subrayó al anotar que "la criminalización funciona como estrategia de desgaste" hacia quienes reclaman derechos.
Indicó, además, que en la frontera amazónica de los tres países hay estructuras criminales que buscan imponer sistemas de control y dominio en los territorios, "y esto lo saben los Estados", que responden con presencia militar temporal, dijo.
Viviana Calapucha, defensora de derechos colectivos de Tzawata-Ila-chukapi, aseguró que su comunidad enfrenta una situación "súper complicada" porque presuntamente se persigue judicialmente a sus autoridades y una empresa -que no identificó- quiere despojarles de su territorio.
Sin entrar en detalles, denunció que "más de 150 familias están siendo hostigadas en la comunidad", que "el Gobierno no ha hecho nada por defender" los derechos y que, por el contrario, adjudicó sus territorios a terceras personas.
Indira Vargas, vicepresidenta de la organización PAKKIRU, sostuvo que la "criminalización y estigmatización es una política de Estado" y aseveró que en 2025 hubo "sesenta personas quienes fueron criminalizadas por presunto enriquecimiento privado no justificado" y se cerraron cuentas bancarias de varias organizaciones y ciudadanos de la nacionalidad kichua.
Comentó otro caso en el que el Estado "criminaliza" por presunto financiamiento "al terrorismo" a 40 personas, entre ellas algunos miembros de su familia.
"No nos van a callar, vamos a seguir firmes frente a nuestra lucha, pero también para solicitar a la comunidad internacional que nos sigan respaldando para poder visibilizar todos estos atropellos, de vulneración de derechos que estamos viviendo los pueblos indígenas", advirtió.
Fanny Kaekat, de la nacionalidad shuar, formuló un llamamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU para que exijan a los gobiernos que respeten los derechos de los indígenas y que les escuchen.
Oswaldo Nenquimo, presidente de la organización OWAP, quien dijo que hay dos frentes de riesgo en la Amazonía: el petrolero y el minero, subrayó que "la selva no está a la venta, se defiende".