Cicardi, redactora del medio español el Diario.es, contaba con el visado de viaje y la acreditación de prensa emitida por la propia Oficina de Prensa del Gobierno israelí. Sin embargo, horas antes de abordar su vuelo, la Autoridad de Inmigración y Población comunicó la cancelación de su permiso por "cambios en las circunstancias de su caso", tras lo cual le notificaron que su entrada queda vetada "hasta nuevo aviso".
“Nadie pone en duda la transparencia ni la limpieza del proceso electoral en Israel", subrayó Cicardi, destacando que su único objetivo era ejercer la labor periodística para informar sobre una cita de gran trascendencia internacional.
"No podemos olvidar que son las primeras elecciones tras el 7 de octubre de 2023. Existe un interés genuino e informativo por cubrir una noticia de esta importancia, sin cuestionar en ningún momento el proceso democrático", destacó Cicardi, agregando que la falta de permisos "hace pensar que la prensa internacional incomoda".
Por su parte, un portavoz de la Autoridad de Inmigración y Población de Israel rehusó ofrecer detalles sobre el caso concreto a preguntas de EFE: "La periodista recibió la respuesta oficial y no daremos detalles sobre un caso individual".
El portavoz precisó que la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) es "un permiso para llegar, no para entrar", y advirtió de que "si tras ser aprobada se obtiene nueva información, el permiso se reevalúa y, cuando es necesario, se cancela", remitiendo a la afectada a apelar ante la embajada israelí.
La recomendación que recibió en el consulado de Israel en España fue la de solicitar un visado regular, proceso que dura entre dos y cuatro semanas.
El de Francesca es el quinto caso conocido en el que se niega la entrada a un periodista internacional en Israel. Los otros afectados son Sylvain Mercadier del medio francés L'Humanité, Martina Stefanoni del medio italiano Radio Popolare, la corresponsal alemana Serena Bilanceri y el británico Secunder Kermani.
Este último fue detenido a su llegada al aeropuerto de Ben Gurión y amenazado con la deportación, antes de que se le permitiera finalmente la entrada, siendo el único caso que se ha logrado resolver hasta el momento.
La Asociación de la Prensa Extranjera en Israel (FPA) considera que "hay evidencias que sugieren que se les denegó la entrada o fueron deportados porque sus informaciones fueron consideradas desfavorables para Israel" y Reporteros Sin Fronteras (RSF) han calificado lo ocurrido de "alarmante" escalada de restricciones a la libertad de prensa en vísperas de los comicios.
