En un informe presentado en el marco de su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, la SIP señaló que los periodistas y medios de comunicación que investigan la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico afrontan condiciones especialmente difíciles.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) -coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil de Honduras-registró 60 de estas agresiones contra la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información pública entre enero y junio de 2026, relacionadas principalmente con conflictos territoriales, movilizaciones sociales, denuncias de corrupción y actuaciones de instituciones estatales.
Asimismo, en mayo pasado el Conadeh alertó sobre amenazas, agresiones e intimidación contra comunicadores, algunas de las cuales han provocado desplazamientos forzados.
El organismo recibió 208 quejas por presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión durante 2025.
Aunque la Constitución hondureña reconoce la libertad de emitir el pensamiento sin censura previa, "persisten obstáculos para su ejercicio efectivo", indicó la SIP.
El deterioro también se refleja en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas 2025, que ubicó a Honduras en el puesto 16 de 23 países, con 35,64 puntos sobre 100, en la categoría de "alta restricción", en la que permanece desde 2023.
La SIP relacionó esta situación con la llegada al poder de Xiomara Castro (2022-2026) y la crisis política en el Parlamento.
Durante las elecciones de noviembre de 2025, C-Libre documentó "50 alertas de agresiones" contra periodistas con motivación política, atribuidas principalmente a actores estatales y políticos.
En ese contexto, la Fiscalía acusó en julio de 2026 al general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por presuntos delitos contra la libertad de prensa vinculados con la publicación "Sicarios de la verdad", difundida en mayo de 2025 por un medio militar y denunciada por periodistas como parte de una "presunta campaña de desacreditación".
En septiembre, una jueza dictó auto de formal procesamiento contra Hernández con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, decisión que su defensa apeló y solicitó el sobreseimiento definitivo.
La presión y los ataques que también se extiende a las plataformas digitales, que lo han denunciado.
Así el medio Contracorriente ha denunciado reclamos por derechos de autor contra 32 investigaciones en tres días, que provocaron la suspensión temporal de su cuenta de Instagram, mientras que el diario digital Criterio.hn reportó la eliminación de al menos 14 publicaciones por motivos similares.
De igual forma, la Red Centroamericana de Periodistas alertó en agosto sobre amenazas, vigilancia, hostigamiento policial y ataques digitales.