La huelga, convocada por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de los Servicios y de Entidades con Fines Públicos (STTS), comenzó a medianoche y afecta potencialmente a empleados de la Administración central, regional y local, así como de instituciones públicas y empresas del sector público.
La secretaria general del STTS, Matilde Pereira, señaló que el sindicato espera un seguimiento de entre el 80 % y el 90 %, aunque el alcance real de la protesta no se conocerá hasta que avance la jornada.
Entre los sectores que pueden registrar mayores alteraciones figuran la educación y la sanidad.
En los centros educativos, la participación del personal no docente puede obligar a cerrar colegios y guarderías que no dispongan de trabajadores suficientes para garantizar su funcionamiento.
Varios centros escolares habían advertido previamente a las familias de la posibilidad de que no pudieran abrir sus instalaciones o desarrollar con normalidad las actividades lectivas.
En los hospitales y centros de salud también pueden registrarse retrasos o cancelaciones de consultas y pruebas programadas, aunque están garantizados los servicios mínimos correspondientes a las prestaciones sanitarias esenciales.
Entre ellos figuran las urgencias, los cuidados intensivos, la hemodiálisis y los tratamientos oncológicos, de acuerdo con las condiciones establecidas para la jornada de huelga.
La protesta también puede afectar a los tribunales, los servicios de la Seguridad Social y las oficinas de registros y atención administrativa.
Una de las principales exigencias del sindicato convocante es la creación de una tarjeta de alimentación para los empleados públicos, con una asignación diaria de 10,20 euros exenta de impuestos.
El STTS también reclama una revisión del sistema de evaluación del desempeño en la Administración Pública (SIADAP), para evitar que los trabajadores pierdan puntos acumulados para su progresión profesional cuando cambian de puesto, categoría o modalidad contractual.
Además, exige complementos por riesgo para determinados profesionales sanitarios, la actualización de convenios colectivos y la contratación de más trabajadores para reducir la sobrecarga laboral y las jornadas prolongadas.
La huelga de este lunes se produce en un contexto de movilizaciones sindicales en Portugal, donde el Frente Comum, una de las principales plataformas de sindicatos de empleados públicos, ha convocado otra jornada de paro nacional para el próximo 20 de noviembre.
Esta organización reclama mejoras salariales y laborales de cara a 2027 y denuncia el deterioro de los servicios públicos.