Los firmantes, en su mayoría juristas e historiadores, aseguraron en un comunicado que la intervención de Gaona en la ONU el pasado 30 de octubre representa una visión "selectiva e incompleta" de los resultados del acuerdo firmado en 2016.
Entre los académicos se encuentran el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica Gonzalo Sánchez, el profesor de la Universidad Nacional Rodrigo Uprimny y la exdirectora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Luz Marina Monzón.
En la carta cuestionaron que el embajador presentara las cifras de violencia posteriores a la firma del acuerdo sin diferenciar cuáles están relacionadas con el conflicto armado y cuáles responden a otros hechos de criminalidad.
También consideraron que su intervención dejó por fuera los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que desde su creación asumió más de 40.000 expedientes de la justicia ordinaria que estaban archivados o sin resolver.
"El 90 % de los imputados por el tribunal transicional han reconocido su responsabilidad frente a las víctimas y el país", indicaron en la carta.
Además, destacaron que más de un centenar de integrantes de la fuerza pública han reconocido su responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales, incluidos oficiales de alto rango.
Los académicos también defendieron el carácter restaurativo de la JEP y señalaron que evaluar su funcionamiento exclusivamente por los resultados punitivos desconoce uno de los principales componentes del modelo establecido en el acuerdo de 2016.
En ese sentido, resaltaron el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que ha permitido encontrar con vida a cientos de personas reportadas como desaparecidas y recuperar, identificar y entregar cuerpos a sus familiares.
La misiva también recuerda que la implementación del acuerdo enfrentó dificultades durante los gobiernos de Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro (2022-2026).
Según los firmantes, los informes del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz y de la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) han documentado retrasos y compromisos que permanecen sin iniciar o en una fase mínima de ejecución.
La carta se conoce en medio de la controversia generada por la intervención de Gaona ante el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando afirmó que el acuerdo de paz no era un modelo para el mundo y cuestionó que hubiera garantizado una paz estable y duradera.
Las declaraciones del diplomático contrastan con las del jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca, quien defendió los resultados del proceso y afirmó que su implementación "ya es un éxito", especialmente por la dejación de armas de las FARC y el monitoreo del cese al fuego.
Los académicos aclararon que su preocupación no consiste en impedir las críticas al acuerdo, sino en que el debate público e internacional incorpore tanto sus dificultades como sus contribuciones a los derechos de las víctimas.