La iniciativa fue presentada en junio pasado por la presidenta del Legislativo, la oficialista Mishel Mancheno, quien dijo este lunes que la aprobación marcaba "un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado" que el presidente Daniel Noboa inició en 2024, tras declarar una "guerra" a los grupos armados que han provocado una crisis de violencia sin precedentes.
El documento fue aprobado con 85 votos de los asambleístas del partido de Gobierno y sus aliados, y no tuvo el apoyo de la Revolución Ciudadana (RC), la principal fuerza de oposición liderada por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) y que está suspendida.
La Asamblea señaló en un comunicado que la normativa, que reforma el código penal, la ley sobre drogas y el código de la Función Judicial, entre otras, redefine las responsabilidades penales de quienes integran, dirigen, financian o colaboran con organizaciones criminales.
Además, incorpora nuevos delitos relacionados con el reclutamiento de personas, el desplazamiento interno forzado y el confinamiento de comunidades mediante violencia o amenazas.
Uno de los principales cambios está en la acumulación de penas de cárcel, que hasta este momento tiene un máximo de 40 años.
Con esta ley, que aún debe ser ratificada por el presidente Noboa antes de entrar en vigencia, ese máximo sube a 60 años solo cuando esta acumulación corresponda a tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes y la suma de las penas de cárcel individualmente determinadas para cada infracción exceda los cuarenta años.
Asimismo se establecen mecanismos de protección de la identidad de los jueces que conozcan causas de delincuencia organizada y la inhabilitación profesional de abogados y contadores que faciliten u oculten dolosamente delitos.
Jahiren Noriega, de la RC, dijo que el proyecto se concentraba en endurecer penas "sin una justificación técnica" y que desde 2018 se habían realizado al menos siete reformas al código penal sin que eso haya incidido en la reducción de los delitos en el país, que en 2025 registró un récord de 9.284 asesinatos.
La construcción de esta ley contó con el apoyo del Gobierno italiano, por lo que Mancheno entregó reconocimientos a una delegación de ese país integrada, entre otras personas, por Chiara Colosimo, diputada y presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia.