En un comunicado, la ASF indicó que los datos fueron aportados por informantes que se acogieron al programa para reducir sanciones, dentro de la investigación abierta sobre el uso indebido de recursos públicos tras publicaciones periodísticas sobre posibles actos de corrupción de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, un escándalo que provocó su renuncia.
En el texto, la ASF indica que por primera vez el órgano "desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que han proporcionado información y elementos relevantes".
"Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años", expuso la ASF.
Entre los elementos recabados, precisó la entidad, destacan "testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de mensajería (WhatsApp), así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas".
La ASF indicó que las investigaciones "han permitido documentar indicios" de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían "intervenido en la selección de proveedores" y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.
El órgano señaló que continuará las investigaciones "para identificar a más involucrados, rastrear el destino de los recursos y que se impongan las responsabilidades correspondientes" en el escándalo de contratos otorgados en el INE, que provocaron la renuncia de Taddei, el pasado 26 de octubre.
De acuerdo con las versiones periodísticas publicadas, una red integrada por al menos siete proveedores del INE habrían simulado competencia en procesos de adjudicación de contratos y participado en operaciones de triangulación de recursos presuntamente relacionados con empresas que emitieron comprobantes fiscales por productos o servicios que nunca existieron.
La crisis en el órgano electoral llega en el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que arrancó el pasado 10 de septiembre, en el que se renovarán diecisiete gubernaturas estatales, quinientas diputaciones y el control del Congreso, entre otros cargos.