El ministro peruano de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, señaló -en un comunicado emitido por su despacho- que se elabora una norma con el objetivo de reducir los plazos que se requieren en la actualidad para levantar infraestructura penitenciaria.
"Estamos tratando de establecer un procedimiento especial que pueda durar como máximo ocho meses", indicó el jefe de cartera.
Álvarez añadió que la intención es que las obras se ejecuten en un plazo de poco menos de un año "mediante un sistema modular, para que sea lo más rápido posible".
Con ese objetivo, señaló, se trabajará con empresas que aseguren la construcción con módulos prefabricados y moldes de concreto previamente elaborados.
El ministro también dijo que ya se han recibido ofrecimientos de cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otros organismos internacionales, e incluso de algunos países como El Salvador, que la presidenta Fujimori visitó a fines de octubre pasado con el propósito de conocer el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) construido por el país centroamericano.
El titular de la cartera de Justicia detalló que El Salvador "ha ofrecido tecnología" y que Estados Unidos, "a través de su embajada, también nos ha ofrecido tecnología moderna, para no seguir construyendo como lo hemos hecho hasta ahora".
El ministro indicó que entre las obras que se planean construir están los penales de Huacho 10 y Huacho 14, en el norte de la región de Lima, con capacidad para albergar a 10.000 y 14.000 presos, respectivamente.
Como parte de las medidas de lucha contra la criminalidad, el Gobierno de Perú promulgó en la víspera un decreto legislativo que autorizó a las Fuerzas Armadas "de manera excepcional y temporal" a reforzar el control y la seguridad en las cárceles del país que han sido declaradas en emergencia por albergar a presos de alta peligrosidad y estar hacinadas.
La norma complementa otras disposiciones del Gobierno para afianzar el control de las cárceles, como la ampliación del estado de emergencia, hasta enero de 2027, en las grandes prisiones de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y El Milagro (La Libertad).
Los militares apoyarán en labores de inteligencia, soporte logístico y tecnología para neutralizar drones, bloquear comunicaciones clandestinas e impedir el paso de armas.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aseguró que la medida "responde a la situación crítica del sistema penitenciario" del país, que a agosto de 2026 albergaba a más de 107.000 presos, a pesar de tener una capacidad instalada para alrededor de 42.000.
"A este hacinamiento se suma la presencia de 494 internos vinculados a 217 organizaciones criminales, entre ellas facciones del Tren de Aragua, cuyo perfil delictivo exige condiciones reforzadas de máxima seguridad y aislamiento para evitar que sigan operando", remarcó la PCM.