Con esta decisión, argumentada en cinco páginas, se podrá reanudar la construcción del muro y la instalación de equipos de vigilancia en esta parte de la frontera con México, frenadas por una corte de un distrito de Texas.
La decisión del Gobierno de levantar un muro en esta región provocó una oleada de críticas de grupos ambientalistas y residentes de la zona, quienes presentaron la demanda inicial para detener el proyecto.
El parque nacional Big Bend tiene más de 324.000 hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México, que albergan especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos.
Las organizaciones conservacionistas demandantes presentaron su caso en abril y alegaron que el Gobierno de Trump había violado la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de leyes para acelerar la construcción de barreras fronterizas.
En el fallo de este lunes, el Supremo argumenta que la orden del tribunal de instancia inferior que detuvo la construcción del muro impide al Gobierno avanzar en sus intereses “apremiantes” en materia de "seguridad e integridad" de la frontera.
"El interés del Gobierno pesa más que cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por los demandantes”, sentenció el Supremo.
El Centro para la Diversidad Biológica, una de las organizaciones ambientalistas que presentaron la demanda contra el muro, rechazó de inmediato la decisión.
“El Gobierno de Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los mayores parques nacionales de Estados Unidos”, dijo Laiken Jordahl, activista del Centro, en un comunicado.
“(Los jueces) están dando el visto bueno a la destrucción permanente del lugar más salvaje de Texas y a que nos roben a todos un gran río estadounidense”, agregó.
El sector de Big Bend, que abarca 832 kilómetros de la frontera, es uno de los que menos cruces irregulares registran. En 2025 concentró apenas el 1,3 % de las detenciones en la frontera.