De acuerdo con la fuente, la condena fue emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador "tras declararlo penalmente responsable del delito de estafa agravada en perjuicio del patrimonio de tres víctimas" por un monto total de 4.025 dólares.
"Los hechos delictivos ocurrieron en diferentes fechas, entre noviembre de 2018, mayo de 2019 y febrero de 2021", indicó y agregó que "el imputado captaba fondos mediante falsas oportunidades de negocio en el mercado de divisas".
Antes de su detención en febrero de 2025 , Zavala era portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), que brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias y otros atropellos en El Salvador en el marco de un régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 contra las pandillas.
Zavala es acusado en otro proceso, según medios locales, junto con 25 personas por agrupaciones ilícitas, amenazas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.
La mayoría de procesados son habitantes de la comunidad La Floresta, de la localidad de San Juan Opico, entre ellos también se encontrarían los abogados de Unidehc Rudy Joya e Ivania Cruz, ambos asilados fuera de El Salvador.
De acuerdo con organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales, Zavala ya había estado encarcelado por trece meses, hasta que en marzo de 2023 fue declarado inocente.
Indicaron que allí "fue testigo de una serie de abusos, torturas y actos de corrupción cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño", que posteriormente denunció formalmente.
Según Amnistía Internacional, "la Fiscalía inició múltiples procesos contra Fidel Zavala, incluyendo la reapertura de una causa en la que ya había sido absuelto" y que, "durante 2025, enfrentó al menos cuatro procesos judiciales distintos; en tres de ellos fue absuelto o las causas fueron cerradas sin condena".
El 10 de marzo de 2025, un grupo de 171 organizaciones de más de una veintena de países pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita medidas cautelares de protección para Zavala.
El 13 marzo de ese año, Zavala dijo a periodistas que "definitivamente (soy) inocente, yo no he cometido ningún delito de los que se me acusa".
Según Zavala, se trata de una "persecución política" y que "existe una intención de querer apagar la voz de quienes hemos denunciado injusticias".