Cruz, asilada en España, explicó en una conversación telefónica que el recurso se presentará "en cuanto esté en firme" la resolución de condena, emitida el martes por un juzgado que halló culpable al activista del delito de estafa agravada contra tres víctimas por 4.025 dólares.
Zavala fue arrestado en febrero de 2025 junto a veinticinco personas acusado de agrupaciones ilícitas, amenazas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de parcelaciones y limitación a la circulación.
Antes, en el 2022, Zavala había sido arrestado también bajo cargos de estafa y permaneció encarcelado trece meses, hasta que en marzo de 2023 fue declarado inocente. Posteriormente se unió a Unidehc, que brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción contra las pandillas, vigente en El Salvador desde marzo de 2022.
Durante esa reclusión, el salvadoreño aseguró haber presenciado abusos en el sistema penitenciario y presentó denuncias formales ante las autoridades correspondientes.
La abogada Cruz sostuvo que, en ese contexto, la Fiscalía General presentó "de manera secreta una acusación penal nueva por estafa" en cinco casos, de los que en cuatro resultó absuelto sin condena.
"La Fiscalía presionó a Fidel para un proceso abreviado y que se declarara culpable, algo que él no consideró porque sigue luchando por su inocencia", denunció la letrada.
Para Cruz, la condena a 15 años de cárcel "es una manera de criminalizarlo y desacreditarlo (a Zavala) por lo que significa ser testigo y víctima del Estado en el marco del régimen de excepción".
Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Cristosal, calificaron la condena contra Zavala de "política" y alertaron que el encarcelamiento "pone en grave riesgo su vida e integridad física, más aún bajo la custodia de las mismas autoridades a las que acusó de abusos y torturas".
Zavala permanece en las celdas del Centro Judicial de San Salvador, aunque según Cruz podría ser trasladado al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, "donde están los verdugos a los que él denunció".
El 10 de marzo de 2025, 171 organizaciones de más de veinte países solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección para Zavala.
Tras la audiencia inicial del año pasado, el procesado aseguró que se trata de una "persecución política" con la intención de silenciar a quienes han "denunciado injusticias".