La autoridad local, que es candidato a la reelección en los comicios locales del 29 de noviembre, aseguró que la Municipalidad tenía seis procesos directamente relacionados con las fiestas de Quito o con "actividades útiles" para las festividades que fueron suspendidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Esos obstáculos, dijo, obligaron a la Alcaldía a replantear parte de la programación que se realizará desde la próxima semana para conmemorar los 492 años de fundación, que se cumplen el 6 de diciembre, lo que afectó a músicos, gestores culturales y operadores que iban a ser contratados.
"Las fiestas de Quito van. No como nos hubiera gustado, pero no vamos a dejar de celebrar a la capital, a la Luz de América, a la ciudad más linda del mundo", reiteró en una rueda de prensa.
Muñoz también aseguró que algunos de los procesos fueron suspendidos por nuevos parámetros establecidos en una ley que reformó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsada por Noboa y aprobada en febrero por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Parlamento).
La normativa reformó el esquema de gasto de gobiernos locales, lo que, según el oficialismo, permitiría que se utilice menos dinero para salarios y eventos festivos y se invierta más en obra pública.
Sin embargo, la ley acumula varias demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, ya que autoridades locales y grupos sociales aseguraron que provocaría una reducción en el presupuesto destinado a educación, cultura o deporte.
"Todavía albergamos la esperanza de que nos den la razón y declaren la inconstitucionalidad de esas reformas legales", dijo Muñoz.
El pasado 21 de octubre, la Fiscalía registró unas oficinas de la Alcaldía de Quito en el marco de una investigación por presunta malversación de fondos públicos, relacionada con la supuesta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados en 2024, por un monto superior a los cuatro millones de dólares.
Partidos de oposición que apoyan a Muñoz señalaron que la operación se trataba de un "nuevo intento para impedir" que el alcalde de Quito participe en los comicios del 29 de noviembre, aunque no lo hará por su movimiento, la Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La RC fue suspendida en marzo por nueve meses a pedido de la Fiscalía, que investiga a varios de sus dirigentes por un presunto lavado de dinero, relacionado con el manejo de fondos de la campaña electoral de 2023.