"No hay control de ningún país, salvo el nuestro, en la administración del Canal de Panamá", respondió Martínez-Acha, y agregó que con Estados Unidos existe una "cooperación en materia de seguridad", que también tiene con otros países, entre los que mencionó a Reino Unido, Corea de Sur, Japón, Colombia y España.
Una cooperación para "garantizar la seguridad marítima, la protección de infraestructuras críticas y mitigar los riesgos de narcotráfico y del crimen organizado", precisó el canciller panameño.
Hegseth, en medio de una rueda de prensa en el Pentágono el martes, afirmó que EE.UU. y Panamá controlan el paso navegable, por el que transita entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial. "Panamá hizo a un lado los esfuerzos de China y ahora, junto con ellos, controlamos el Canal. El mensaje es claro: este es nuestro hemisferio y actuamos en consecuencia", declaró Hegseth.
Al ser preguntado sobre las razones del secretario de Guerra para hablar de un control conjunto del Canal, Martínez-Acha se negó a "entrar en una competencia de retórica con ningún funcionario extranjero".
El funcionario centroamericano reiteró que el Gobierno panameño "no desea verse involucrado en las rivalidades geopolíticas entre las grandes potencias".
El Canal, de ochenta kilómetros de longitud y que une el Atlántico y el Pacífico, fue construido y administrado por EE.UU. por más de 80 años durante el siglo XX, hasta su traspasado a la nación centroamericana el 31 de diciembre de 1999.
Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, en enero de 2025, el tema del Canal ha centrado la relación bilateral, con un período de tensión ese mismo año tras la amenaza del líder estadounidense de recuperar la vía acuática alegando una influencia china sobre ella, siempre negada por el Gobierno de José Raúl Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en la lucha geopolítica entre China y EE.UU.
La situación parece haberse superado tras la salida por orden judicial de un operador hongkonés de dos de los cinco puertos cercanos al Canal, luego que se declaró inconstitucional el contrato ley de concesión firmado en la década de 1990 y renovado en el 2021 en medio de críticas de varios sectores panameños.