"En esta COP también ha salido con mucha fuerza el tema de la falta de financiamiento para que los países puedan hacerse cargo de los efectos del cambio climático", indicó en un encuentro con periodistas la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo.
"Únicamente vía presupuesto de la nación es imposible lograr muchas cosas”, añadió la ministra, quien indicó que la delegación chilena se reunirá con instituciones financieras internacionales y grupos de expertos para reflexionar sobre "el uso eficiente del financiamiento disponible".
La adaptación es otro de los focos de Chile en la COP31, según explicó el jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, Hernán López, quien destacó que el país está “muy expuesto a las amenazas del cambio climático” pese a emitir menos del 1 % de las emisiones globales.
“Los efectos del cambio climático van a ser más fuertes de lo que esperábamos y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de cómo nos vamos a adaptar a largo plazo para eso”, afirmó López.
La delegación chilena también busca robustecer los esquemas de transferencia de información e incrementar el número de reportes sobre la situación ambiental del país: “Esperamos también poder traer novedades e incorporar nueva tecnología para robustecer nuestro inventario de emisiones, tener mejor información, más actualizada”, agregó López.
Chile llega con credenciales en el plano energético, pues es uno de los líderes latinoamericanos en transición, con cerca de un 65 % de su matriz eléctrica proveniente de fuentes limpias a 2026.
Según LowCarbonPower, entre agosto de 2025 y julio de 2026 alrededor de un 24 % de la electricidad consumida fue solar, el segundo mayor porcentaje del mundo, solo detrás de Hungría. Aun así, la generación fósil todavía ocupa un tercio de la matriz.
Se trata de la primera COP en la que participa el Gobierno del presidente José Antonio Kast, cuyo compromiso climático es puesto en duda por organizaciones medioambientales después de que en marzo retiró de la Contraloría 43 decretos medioambientales, entre ellos normas de calidad del aire y medidas de protección de especies como el pingüino de Humboldt.
El Ejecutivo asegura que todos serán revisados y reingresados, pero a casi ocho meses del retiro más de una treintena siguen sin volver a la Contraloría.