Tras debatir el caso en su sesión de agosto y septiembre, el grupo de cinco juristas hizo público este miércoles un informe en el que señala que la detención de Rodríguez Dos Ramos es arbitraria y contraviene artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
"Vistas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Rodríguez Dos Ramos inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otro tipo de reparaciones, de conformidad con el derecho internacional", señala el informe de 16 páginas, sin carácter vinculante.
El coronel, de doble nacionalidad venezolana y portuguesa, fue detenido en 2019 en relación con el presunto ataque con drones contra Maduro en 2018, durante un acto conmemorativo de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas.
A raíz de esos hechos se señaló como responsables a 34 personas, entre ellas el coronel, condenado en 2022 a 30 años de prisión por los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.
Según el informe, en 2024 un tribunal de ejecución fijó la duración de la pena en cuatro años y once meses, y su defensa pidió que se le aplicara la Ley de Amnistía promulgada en febrero de 2026, aunque la Corte de Apelaciones lo denegó.
El grupo de trabajo considera en su informe que hubo numerosas irregularidades en la detención y el proceso del coronel, como un sometimiento a casi cuatro años de prisión preventiva sin justificación, dilaciones indebidas o la existencia de tortura y malos tratos.
Según la denuncia presentada, tras su detención Rodríguez Dos Ramos fue sometido a diversos tipos de tortura, incluidos un simulacro de ejecución, asfixia con una bolsa en la cabeza, golpes con un bate y amenazas de muerte para obligarlo a firmar una declaración contra un dirigente opositor.
En el documento, los expertos también manifestaron su preocupación por el alto número de casos similares que han tratado en Venezuela, recordando 21 informes anteriores de otras personas privadas de libertad en el país, y subrayaron que ello podría indicar "una práctica generalizada o sistemática de la detención arbitraria".
El documento recuerda que Rodríguez Dos Ramos fue vinculado en el proceso a su superior inmediato, el general Héctor Armando Hernández Da Costa, cuyo caso también fue tratado por estos expertos de la ONU en 2020, declarando igualmente arbitraria su privación de libertad.