"Les invito a mirar el problema de la violencia en los territorios de una manera distinta, la violencia de hoy no es responsabilidad del acuerdo sino en gran medida del lento avance de la implementación", expresó Marín.
La funcionaria intervino durante la instalación del foro 'La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional 10 años del Acuerdo Final de Paz', organizado por la Defensoría para conmemorar el décimo aniversario de lo firmado por el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre de 2016.
En la jornada intervendrán los expresidentes Juan Manuel Santos (2010-2018), Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro (2022-2026), cuyos gobiernos han sido los encargados de implementar el acuerdo.
"Extrañamos al Gobierno (actual), que hace parte de la discusión pese a no estar presente", expresó Marín.
El pasado 7 de agosto tomó posesión el presidente Abelardo de la Espriella, quien se ha declarado contrario al acuerdo de paz y no envió representantes a este foro, pese a ser invitado.
La defensora del pueblo reivindicó que "el acuerdo de paz atravesó tres gobiernos muy distintos ideológicamente y sigue en pie", e hizo una invitación a "que ese debate se siga dando, pero dentro de la senda de la Constitución, teniendo en cuenta lo que necesita el país, los derechos humanos de la gente, especialmente los territorios que han estado más asolados por violencia".
"Hay deudas que hemos tenido antes del acuerdo y que tenemos después de él, principalmente con las víctimas y los territorios (....) El acuerdo quiso contribuir a saldarlsas", señaló Marín.
Por eso advirtió que "la desigualdad -que es territorial entre las ciudades y el campo, que también tiene rostro étnico, de género, generacional, que afecta más a los más discriminados"- es el problema que Colombia debe superar para salir adelante.
"Si no tomamos en serio el reto de superar la profunda desigualdad en el país, quizás no acabaremos las violencias del pasado y del presente", dijo Marín.
Para el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca, "persisten retos importantes, de sostenibilidad y acceso a mercados, retos como la estigmatización que impide que firmantes accedan a empleos (...) pero sobre todo persisten retos de seguridad".
"Desde la firma del acuerdo, la misión ha verificado los homicidios de 501 combatientes, también persiste el reclutamiento de menores, la extorsión contra sus proyectos y los desplazamientos forzados", añadió.
Por eso, Jenca aseguró que "revertir esta situación debe ser una prioridad para todos" y revindicó que "el acuerdo puso en marcha mecanismos para la prevención de la violencia", pese a que "su implementación ha sido poco articulada".
"Para consolidar la seguridad se requieren mejores condiciones de vida y oportunidades económicas, mejores servicios públicos y mayor presencia de las instituciones", resaltó.