Según reportan medios locales este miércoles, el Parlamento suazi aprobó la víspera la conocida como Ley de Empoderamiento Económico de los Ciudadanos, a lo que siguió un caldeado debate en la cámara.
Así, el diputado por el distrito capitalino de Mbabane Este, Welcome Dlamini, afirmó que funcionarios del Ministerio de Comercio ya han empezado a ejecutar la ley, particularmente cerrando comercios regentados por asiáticos.
"¿Por qué no podemos dar a los asiáticos o a los extranjeros al menos dos o tres años antes de echarlos, para que los emaSwati (como se conoce a la población suazi) puedan aprender a gestionar los negocios?", se preguntó Dlamini, al advertir que las clausuras de negocios estaban haciendo que algunos productos se echen a perder.
Esto fue contradicho por Tanele Magagula, diputada por la región de Hhohho, quien reivindicó que "los negocios propiedad de extranjeros en las zonas rurales deben ser incautados inmediatamente".
"¿Por qué tenemos que esperar tres años mientras los emaSwati sufren?", dijo Magagula.
Tras el debate, el Parlamento concluyó el martes que debe concederse un plazo de doce meses a los extranjeros dueños de negocios que no cumplan con los requerimientos legales del país.
Sin embargo, según la prensa suazi, el texto de la ley no fue formalmente enmendado en este sentido, así que el Gobierno podría seguir aplicándola de la misma manera.
Esta medida se produjo mientras la vecina Sudáfrica está inmersa desde el pasado abril en una ola de xenofobia impulsada por grupos antiinmigración que culpan a los extranjeros de los problemas económicos, las deficiencias en los servicios públicos y las altas tasas de criminalidad del país e incluso han llegado a impedirles el acceso a la atención sanitaria y a la educación en centros públicos.
Más de 260.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) fueron repatriados a sus países en los últimos meses frente a esa violencia, según datos oficiales de los respectivos gobiernos.
Por su lado, Kenia dio el pasado 8 de septiembre un plazo de 90 días para que los extranjeros propietarios de pequeños negocios regularicen su situación migratoria y mercantil, después de que el presidente keniano, William Ruto, anunciara la prohibición del comercio minorista y la venta ambulante en manos foráneas para favorecer a la población nacional.
Esuatini, última monarquía absoluta de África, tiene una población de unos 1,2 millones de personas que es eminentemente rural y de la que un 60 % vive por debajo del umbral de pobreza, según el Banco Mundial (BM).