"Están llegando niños mucho más chiquitos, niñas mucho más pequeñas", explicó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, en una visita a la localidad de La Restinga, en la isla de El Hierro, afectada por un elevado número de llegadas de pateras y embarcaciones precarias desde el Atlántico.
Rodríguez explicó que, en algunos casos, en el primer registro de identificación por parte de las autoridades se atribuye la edad de 16 años a niños que parecen mucho más pequeños.
La dirección general ha pedido a la Fiscalía que revise la edad que consta en esos registros para que, cuando los menores sean trasladados a otras regiones del país, en el marco de un sistema de reubicación para descongestionar la situación en Canarias, se les asignes los mecanismos adecuados de acogida.
Rodríguez anunció que hoy se reabre un "macrocentro" en La Laguna (isla de Tenerife) para atender a los chicos y chicas que llegan sobre todo a El Hierro, donde ya hay 248 menores acogidos.
El aumento de las llegadas ha obligado al Gobierno regional de Canarias a volver a utilizar centros que tenía cerrados en Tenerife desde el verano, explicó. "Nunca hemos salido de la contingencia migratoria", afirmó la directora general.
Añadió que además de ocuparse de la primera acogida, su departamento reorganiza las plazas en las distintas islas para asignar alojamiento en función de la edad de los menores, de si son niños o niñas y de si hay dudas sobre su edad.
En El Hierro, donde el dispositivo de emergencia del Gobierno canario ha llegado a albergar hasta 300 menores, el Ayuntamiento del municipio de La Frontera ha vuelto a ceder dos albergues por si las llegadas desbordan los recursos de la isla.
La presión sobre los centros herreños ha sido menor de la que se temía a principios de semana, cuando unas 600 personas que se encontraban en el centro de atención temporal de extranjeros (CATE) fueron trasladadas a la isla de Gran Canaria entre el martes y hoy.
La directora general ha reclamado que se aplique un mismo criterio en toda España para el ingreso en la red de protección de quienes declaran ser menores y cuya edad está pendiente de determinar.
A su juicio, en esos casos la incorporación a la red debería producirse una vez realizadas las pruebas de determinación de la edad.