"Estamos aquí para defender nuestros derechos pero también los derechos de los estudiantes a recibir una educación de calidad que necesita un presupuesto adecuado que cubra todas sus necesidades. El Gobierno debe entender que invertir en educación es invertir en el futuro del país", declaró a EFE la educadora Carolina Villegas.
Con música y pancartas en contra del Gobierno y los recortes presupuestarios, miles de educadores participaron en una marcha que recorrió la Avenida Segunda, en San José, que culminó en la Plaza de la Democracia, situada el frente de la Asamblea Legislativa.
Varios legisladores de los partidos de oposición salieron a conversar con los manifestantes para mostrarles su apoyo, en momentos en que el oficialista Partido Pueblo Soberano tiene mayoría parlamentaria y ha aumentado los recortes a los fondos destinados a la educación en el Presupuesto estatal de 2027, que se encuentra en discusión y que debe quedar aprobado en noviembre.
Los sindicatos reclaman que el gobierno debe avanzar hacia el cumplimiento del monto de 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector educativo que establece la Constitución Política del país.
Sin embargo, para el 2027 el Gobierno presupuestó un 4,9 % del PIB para Educación, que en términos nominales representa una caída de 0,7 %.
El 8 % del PIB para la Educación nunca se ha cumplido y los recientes Gobiernos han afirmado que se trata de una meta que se debe buscar de forma gradual.
El Gobierno de Costa Rica presentó al Congreso el proyecto de presupuesto para el año 2027 con un recorte del 3,1 % en comparación con el de 2026, en un escenario en el que la deuda se mantiene al alza y por encima de un 60 % del Producto Interno Bruto (PIB), y en el que el país se encuentra en desaceleración económica.
Otros reclamos de los sindicatos son ajustes salariales por el costo de vida para los docentes y para las pensiones de los educadores jubilados; así como que el Ejecutivo salde deudas con el régimen de pensiones del magisterio nacional.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, advirtió el martes que podría solicitar a un juzgado que declare la huelga como ilegal y aseguró que el movimiento responde a "intereses políticos" y que no tiene justificación.