En su informe Mujeres que sostienen la lucha, la organización cita que siete de cada diez de esos eventos (271) afectaron a 59 madres, esposas, hermanas e hijas de personas encarceladas tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).
"Las formas más frecuentes son las citaciones e interrogatorios (102 eventos), las amenazas (87), las detenciones arbitrarias (77) y la vigilancia o el sitio policial de sus viviendas (69)", refiere.
Además señala que "en 66 eventos las represalias se produjeron en el contexto de las visitas a prisión: detenciones a la entrada o salida de los penales, retención de alimentos y medicamentos, correspondencia confiscada y visitas negadas como castigo".
La ONG, con sede en México, menciona "22 eventos", en los que "la persona privada de libertad fue usada como rehén: los agentes amenazaron con trasladarla lejos o con represalias en prisión si su familiar continuaba denunciando".
Asimismo denuncia que los casos de "al menos seis mujeres pasaron de acompañar a un familiar preso a ser procesadas o encarceladas ellas mismas" y "una fue condenada a 14 años de prisión".
Observa que durante el periodo, "la represión se activa ante actos concretos de defensa" como "denuncia en redes sociales, asistencia a misas por las personas presas, reuniones entre familias y encuentros con representantes diplomáticos".
Justicia 11 considera que los hechos documentados configuran "el incumplimiento de las obligaciones estatales de proteger el vínculo familiar, garantizar un trato digno a las personas visitantes" y "proteger a las familiares contra todo tipo de represalias por sus denuncias".
Además sostiene que "la vulneración de derechos" de estas mujeres "exige documentación, reconocimiento y respuesta".