"La reclamación de Argentina se basa en su capacidad para ejercer los derechos del Estado ribereño. Es imposible calificar su reclamación de otra forma que no sea como una reclamación relativa a la soberanía sobre el territorio terrestre, o que pretenda hacer valer su reclamación de soberanía", dijo en el alegato final la asesora jurídica del Reino Unido Sally Langrish.
"Con todo respeto, este tribunal no puede considerar que el tribunal previsto en el Anexo VII tenga competencia prima facie sobre dicha demanda", aludió a cuenta del proceso arbitral entre Argentina y el Reino Unido sobre la explotación de los hidrocarburos en aguas de las islas Falkland.
Antes de la puesta en marcha de dicho tribunal arbitral, Argentina recurrió al TDIM para que tomara medidas cautelares con carácter urgente y se frenaran así los proyectos petrolíferos en las aguas del archipiélago.
Argentina denuncia, entre otras cosas, acciones unilaterales británicas en la concesión de las licencias de explotación petrolífera pese a que existe una disputa territorial, además de daños irreparables en sus derechos y en el lecho marino.
Sin embargo, según subrayó Langrish, "Argentina no ha demostrado ningún derecho plausible que se derive de manera determinante de la propia Convención" y "no ha demostrado la urgencia" respecto a los proyectos petrolíferos.
"El Reino Unido ha confirmado que no se realizarán perforaciones antes del 21 de marzo de 2027", agregó, al tiempo que comentó que el tribunal arbitral "se constituirá con la antelación suficiente para tramitar cualquier solicitud de medidas provisionales antes de esa fecha".
En el cuarto y último punto de su breve intervención ante los jueces de Hamburgo, la representante británica enfatizó, en contra de la aplicación de las medidas cautelares solicitadas por Argentina, que el país sudamericano "no ha demostrado que vaya a sufrir perjuicio alguno".
"El Reino Unido invita respetuosamente al Tribunal a que desestime todas las solicitudes de la República Argentina relativas a la adopción de medidas provisionales", dijo Langrish.
Según justificó la visión británica esta jurista: "no existe un riesgo real de daño medioambiental" y "la jurisprudencia no respalda la tajante afirmación de Argentina de que la perforación exploratoria, desde el momento en que comienza, constituya intrínsecamente una forma de perjuicio irreparable".