El acuerdo, negociado por los liberales progresistas de D66 y los democristianos de CDA con la alianza progresista PRO y el partido europeísta Volt, ha provocado fuertes tensiones en el Ejecutivo en minoría del primer ministro, Rob Jetten.
Jetten ha cancelado su viaje a Dublín, donde tenía previsto participar en dos cumbres europeas, para asistir al debate parlamentario extraordinario previsto para este jueves.
La dirección del VVD, encabezada por Dilan Yesilgöz, ha mantenido reuniones internas esta tarde para decidir su posición después de conocer el resultado de unas negociaciones que se prolongaron hasta las tres de la madrugada y de las que fue informado una vez cerrado el pacto.
“No puedo descartar nada. La situación no tiene buena pinta”, declaró Yesilgöz a los periodistas en La Haya, tras advertir de que, si sus socios apoyan el acuerdo este jueves, será necesario un “replanteamiento fundamental” de la colaboración entre los tres.
La dirigente acusó a sus socios de actuar a sus espaldas y lamentó que “nunca había ocurrido algo así en Países Bajos: que dos partidos de una coalición sorprendieran a su tercer socio anunciándole que habían cerrado un acuerdo con la oposición”, criticó.
La propuesta contempla trasladar 1.000 millones de euros de carga fiscal desde las rentas de los trabajadores hacia los grandes patrimonios, mediante un aumento de los impuestos sobre los rendimientos más altos del ahorro y las inversiones.
En concreto, propone aumentar del 36 % al 38,5 % el impuesto sobre los ingresos anuales superiores a 60.000 euros procedentes de ahorros e inversiones, mientras que el tipo general se reduciría al 35,5 %, lo que se espera que genere 221 millones de euros adicionales para las arcas públicas.
También prevé aumentar la carga fiscal sobre algunos ingresos obtenidos de participaciones en empresas y limitar las ventajas tributarias de las donaciones de padres a hijos, aunque todavía no se ha concretado cómo se recaudarán 412 millones de euros de los 1.000 millones previstos.
El pacto es una versión moderada de una propuesta inicial de PRO y Volt, que pretendía recaudar 1.500 millones de euros y eliminar algunas ventajas fiscales para la transmisión de empresas familiares.
El VVD se opone a las medidas por considerar que perjudican a los empresarios y a la inversión.
“Esto es perjudicial para Países Bajos”, insistió Yesilgöz, quien acusó a sus socios de incumplir el acuerdo de coalición y advirtió de que esta “no es la manera de trabajar juntos”.
El líder de PRO, Jesse Klaver, celebró el acuerdo como un “avance decisivo” hacia la introducción de un impuesto a los millonarios, mientras que CDA defendió las concesiones logradas para preservar las ventajas fiscales de las empresas familiares y proteger la inversión en Países Bajos.
La controversia amenaza con complicar la aprobación del Plan Fiscal de 2027, dado que la coalición de D66, VVD y CDA no cuenta con mayoría parlamentaria y necesita el apoyo de otros partidos tanto en el Congreso como en el Senado.
El portavoz parlamentario de D66, Jan Paternotte, descartó que el desacuerdo suponga necesariamente una ruptura de la coalición y recordó que los tres socios pueden votar de forma diferente en la práctica.
El Parlamento debatirá este jueves las enmiendas antes de votar el conjunto del plan fiscal, mientras persiste la incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno neerlandés.