"Como organización que atiende directamente a la infancia y la adolescencia, tenemos el deber de actuar y dar ejemplo", señaló en un comunicado la rama española de la entidad, que condena enérgicamente toda forma de violencia contra la infancia y enfatiza su compromiso con el uso seguro y adecuado de las pantallas.
Para Aldeas, "los hechos que documenta la investigación son absolutamente inadmisibles". "Ningún niño, niña o adolescente debería sufrir abusos ni vivir una situación de desprotección", lamenta la entidad.
"Ante cualquier denuncia de abuso, conducta indebida o fallo institucional en la protección de la infancia, nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes" y reclama que se escuche a las víctimas y que reciban la atención especializada para recuperar su bienestar durante el tiempo que sea preciso.
Recuerda que las plataformas digitales tienen la responsabilidad de prevenir la difusión de material de abuso sexual infantil, responder de inmediato a las alertas y retirar las publicaciones que lo contengan.
La Fiscalía General del Estado español va a investigar los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en la plataforma TikTok.
Por su parte, TikTok ha señalado que al conocer las noticias sobre los vídeos de abuso sexual infantil en su plataforma denunciados en España, tomaron medidas para identificar y eliminar el contenido, e incluso modificaron sus criterios de búsqueda a nivel mundial para bloquear el acceso al contenido.
Desde la plataforma han indicado que trabajarán estrechamente con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a la que desde el Gobierno español se ha llegado a pedir que suspenda la actividad de TikTok en el país, y todas las autoridades competentes en el marco de la investigación.
Pese a retirar los contenidos inicialmente denunciados, Maldita.es denunció la víspera la detección de un centenar de nuevos post con ese tipo de contenido en una franja de tres horas con posterioridad a la adopción de medidas por parte de la red social.