El organismo regulador estima que la empresa cobró comisiones por un importe aproximado de 8,5 millones de dólares australianos (unos 5,24 millones de euros) y sostiene que la entidad aplicó durante años cargos adicionales por operaciones de domiciliación y transferencia bancaria a través de su plataforma digital CommBiz, sin informar adecuadamente a los clientes de su existencia.
Según la investigación, el banco comunicaba a las empresas que cobraría una comisión por cada pago realizado o recibido desde una cuenta de terceros, pero también aplicaba otro cargo por el movimiento correspondiente de fondos desde o hacia la propia cuenta del cliente.
Así, una pequeña empresa que abonara quincenalmente -como es habitual en Australia- los salarios de diez empleados desde dos cuentas de CommBiz podía acabar pagando doce comisiones: diez por las transferencias a los trabajadores y otras dos, no comunicadas, por los movimientos de dinero desde sus propias cuentas.
La ASIC calcula que unos 42.000 clientes se vieron afectados entre noviembre de 2020 y mayo de 2025. No obstante, sostiene que las condiciones contractuales presuntamente engañosas estaban vigentes desde el lanzamiento de CommBiz, en 2006, y que el problema se prolongó durante aproximadamente 19 años.
El regulador afirma además que el Commonwealth Bank recibió reclamaciones de clientes al menos desde 2015 y que una auditoría interna realizada en 2016 ya había identificado cobros excesivos por determinadas operaciones y reclamado medidas correctivas.
El banco dejó temporalmente de cobrar las comisiones cuestionadas en junio de 2025, modificó las condiciones de CommBiz dos meses después y, desde febrero de 2026, las ha eximido para estas operaciones.
Paralelamente, ha llevado a cabo un programa de compensación que ha supuesto el pago de más de 26,4 millones de dólares australianos (unos 16,3 millones de euros) a unos 93.000 clientes actuales y antiguos, incluidos alrededor de 40.000 pequeños negocios.
La ASIC solicita al tribunal que declare las infracciones, imponga sanciones económicas y ordene medidas adicionales contra la entidad, aunque la causa no tiene todavía fecha para su primera audiencia.