Fuentes de la Fiscalía dijeron a EFE que el operativo está dentro de la investigación contra Peña y Carvallo, quienes han sido señalados por su nexos con la entidad, que recibió durante la gestión del exgobernante millonarios recursos de entidades públicas, entre ellas cinco cajas previsionales.
La Superintendencia, que es parte del del Banco Central del Paraguay (BCP), tiene como misión la fiscalización y regulación de las entidades del sistema financiero local.
Peña fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera el comienzo de un proceso de resolución contra Ueno, un banco que contaba con 2,94 millones de clientes, según su página web.
El exgobernante fue detenido horas después del juicio político en el Senado que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" y lo desalojó del poder, mientras que Carvallo renunció el mismo día en que anunció el proceso contra Ueno y se entregó poco después de hacerse efectivo el arresto del exmandatario.
Los fiscales han imputado a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, por lo que un juez ordenó su prisión preventiva.
Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de ser nombrado en 2023 titular del Banco Central, es acusado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.
Según la Fiscalía, Peña se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel.
El Banco Central informó este miércoles que el 100 % de los clientes amparados por la garantía del Estado ya recibieron un anticipo de la devolución de sus recursos, en cumplimiento de una ley aprobada de emergencia por el Congreso que abarca hasta 40 salarios mínimos (unos 121.760.000 de guaraníes o cerca de 19.600 dólares a la tasa de cambio actual).
Hasta el próximo lunes, el Banco Central tiene plazo para completar la devolución a quienes tengan recursos congelados por hasta un máximo de 75 salarios mínimos, es decir, unos 228.300.000 guaraníes (aproximadamente 36.616 dólares al cambio actual), que cubre la garantía estatal.