Se trata de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes fueron recibidos por una comisión humanitaria encabezada por la Defensoría del Pueblo junto con Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
En un video difundido este jueves en redes sociales por medios colombianos se observa el momento en que los dos funcionarios son entregados a la comisión humanitaria, tras lo cual uno de ellos se abraza con uno de los integrantes del grupo que los recibe.
La Defensoría señaló que la liberación de los dos agentes "supone un alivio y les permitirá reencontrarse con sus familias después de un prolongado periodo de secuestro".
"Esto no debería ocurrir", manifestó la institución, que reiteró su exigencia de liberar a todas las personas secuestradas por el ELN y los demás grupos armados que operan en Colombia.
Los dos agentes fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en una zona rural de Arauca, cuando adelantaban labores judiciales y de protección, y permanecían en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN.
El 5 de mayo pasado, esa estructura guerrillera anunció que había sometido a los dos funcionarios a un denominado "juicio revolucionario", en el que les impuso 60 y 55 meses de "prisión revolucionaria", respectivamente, por su pertenencia a una institución del Estado colombiano.
La Defensoría del Pueblo rechazó ese procedimiento al considerar que carece de validez y legitimidad, y recordó que ningún grupo armado puede atribuirse facultades judiciales, imponer condenas ni utilizar el secuestro como mecanismo de presión, castigo o negociación.
"Su liberación no constituye una concesión del grupo armado, sino el cumplimiento de una obligación que nunca debió ser desconocida", recalcó la institución, que subrayó que los funcionarios no estaban cumpliendo una pena legítima, sino que permanecían secuestrados.
En julio pasado, el ELN divulgó pruebas de supervivencia de los dos agentes en un video en el que ambos solicitaron al entonces presidente Gustavo Petro (2022-2026) y a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, gestionar un acuerdo humanitario para recuperar su libertad.
Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los funcionarios al considerar que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables en sus derechos a la vida y la integridad personal.