La medida revisa la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, que restringe el acceso a la asistencia habitacional financiada por el Gobierno federal, basándose en la ciudadanía y el estatus migratorio.
En concreto, la nueva norma exige la verificación de la ciudadanía estadounidense o del estatus migratorio elegible de todos los solicitantes y beneficiarios de asistencia bajo los programas sujetos a esta normativa, independientemente de su edad.
Asimismo, la nueva medida afecta a la asistencia que se ofrece actualmente a los miembros que sí cumplen con los requisitos para recibir ayuda prorrateada para cubrir sus gastos de vivienda.
La nueva medida del HUD cambiaría esta disposición al convertir la asistencia prorrateada en un beneficio temporal, lo que podría obligar a las familias a perder el apoyo para su vivienda o enfrentar la posibilidad de separarse para conservarlo.
Según estimaciones del Center on Budget and Policy Priorities, citadas por el medio digital The Intercept, unas 80.000 personas podrían verse afectadas, entre ellas casi 37.000 niños.
"El presidente Trump advirtió que se acabarían los días en que los extranjeros ilegales y los no ciudadanos sin derecho a ello se aprovechan de los programas de asistencia social financiados por el gobierno", afirmó el secretario del HUD, Scott Turner, en una entrevista con Fox el martes pasado sobre la norma que entrará en efecto el próximo mes.
El funcionario aseguró que cerca de 200.000 inquilinos que reciben ayuda federal tenían una verificación de elegibilidad incompleta o desconocida.
Actualmente, las viviendas financiadas por el HUD solo cubren a una cuarta parte de los hogares elegibles que necesitan ayuda en EE. UU.