Un informe no vinculante sobre el caso hecho público esta semana por el grupo de expertos indica que en el proceso a Ramírez Michaca, que alegó torturas durante su detención en febrero de 2005 para que confesara un crimen que según él no cometió, se violaron diversos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En consecuencia, los expertos recomiendan a las autoridades mexicanas la puesta inmediata en libertad del afectado y que se le conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización u otro tipo de reparaciones.
Al estudiar el caso, el grupo de trabajo considera que "la violencia excesiva durante el arresto, la tortura y la subsiguiente autoinculpación forzada, la imposición de una defensa ineficaz y cómplice, y la admisión de pruebas ilícitas por el Poder Judicial, que omitió su deber de control y exclusión probatoria", privaron al proceso penal de toda garantía de justicia.
Ramírez Michaca, condenado en abril de 2007 a 140 años de prisión por homicidio, denunció que las torturas sufridas le dejaron secuelas físicas permanentes, en particular una reducción de su capacidad auditiva.
Los expertos de la ONU también concluyeron que su detención careció de base legal válida, debido a irregularidades como la falta de orden de arresto o la imposición automática de prisión preventiva.
Dada la existencia de indicios graves de violaciones de sus derechos, se ha solicitado en dos ocasiones una amnistía para Ramírez Michaca, procesos que continúan en trámite.
El condenado, mecánico de profesión, fue detenido en 2005 pocas horas después de que uno de sus familiares, durante una discusión, disparara contra miembros del grupo MK-13, también conocidos como 'Los Cholos', causando la muerte a tres de ellos, de acuerdo con la fuente de la denuncia al grupo de trabajo.
La misma fuente aseguró que el agente que dirigió la detención, detenido en dos ocasiones y asesinado en 2016, mantenía vínculos con el crimen organizado y cometió extorsiones.