Las reformas, impulsadas el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que lidera el presidente Nasry 'Tito' Asfura, fueron aprobadas el pasado 27 de octubre por 118 de los 128 diputados que integran el Parlamento, y prevé modificaciones al Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
La Oacnudh reconoció en un comunicado "los importantes desafíos que enfrenta Honduras en materia de violencia, extorsión y criminalidad organizada", y que "el Estado tiene no solo la facultad, sino también la obligación de adoptar medidas para proteger a la población frente a las amenazas que representan las estructuras criminales y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas".
Sin embargo, el ente de la ONU resaltó que esas medidas deben adoptarse en el marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado hondureño.
Señaló, entre otros, que la ampliación del tipo penal de asociación terrorista a organizaciones sin objetivos ideológicos, su designación como delito permanente con flagrancia continua y su acreditación mediante tatuajes, vulneran el principio de legalidad, responsabilidad individual penal, presunción de inocencia y la libertad personal.
Con las reformas, las fuerzas de seguridad pueden capturar a individuos que lleven tatuajes asociados a pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, entre otras, que podrían ser declarados terroristas y ser condenados de 30 a 40 años de cárcel, incluso cadena perpetua.
Según las autoridades, las pandillas están vinculadas a la extorsión, el narcotráfico y a la mayoría de los asesinatos, que según las cifras oficiales, sumaron unos 2.629 en el 2025 en Honduras, un país de más de diez millones de habitantes.
La Oacnudh recordó que las normas y estándares internacionales de derechos humanos prohíben fundamentar privaciones de libertad o responsabilidades penales sobre la base exclusiva o predominante de características físicas, apariencia personal, formas de vestir, tatuajes u otros criterios de perfilamiento.
Consideró que la aplicación obligatoria de la prisión preventiva, en régimen de máxima seguridad y sin posibilidad de revisión judicial individualizada, contraviene el principio de excepcionalidad de la medida, adelantando penas sin sentencia y reduciendo la independencia judicial.
Según indicó la Oacnudh, la ampliación a 48 horas del plazo de detención sin comparecencia inmediata ante una autoridad judicial, particularmente cuando la identificación de las personas detenidas se basa principalmente en indicios externos, incrementa significativamente el riesgo de detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y situaciones que podrían facilitar desapariciones forzadas.
La Oacnudh también expresó su preocupación porque "el conjunto de medidas aprobadas por Honduras incorpora restricciones excepcionales a derechos fundamentales que, apreciadas de manera integral, se asemejan a facultades propias de un estado de excepción sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías".