El venezolano Daniel Alexander Ramírez Poedemo y la guyanesa Krystal La Cruz, ambos de 33 años de edad, y el guyanés Alexander Bettancourt, de 44, son los implicados del suceso ocurrido contra la gasolinera Mobil, en las calles Regent y King, ocurrido aproximadamente a las 19.24 (23.24 GMT) de aquel día en 2025.
El juicio lo tiene a cargo la jueza Faith Mc Gusty.
La policía ya había informado -a los medios locales- que el Ramírez Poedemo, a quien las grabaciones de videovigilancia situaron en la escena del crimen, confesó haber detonado el artefacto.
Inicialmente, su intención era colocarlo en un cubo de basura cerca de un surtidor de combustible, pero tras recibir la advertencia del empleado de la estación de servicio de que no lo hiciera, fue registrado al dejar la bolsa junto a un vehículo estacionado.
Poco después, el artefacto estalló, destruyó el automóvil, causó la muerte de Soraya Borne y dejó a varias personas más heridas.
Borne se encontraba con su familia dentro de un vehículo.
El automóvil acababa de llegar a la gasolinera y estaba estacionándose cuando estalló la bomba, que provocó que el vehículo volara por los aires.
Según la investigación policial, Ramírez Poedemo llegó a la gasolinera en un taxi conducido por Johnny Boodram.
La magistrada Mc Gusty indicó que solo existían meras sospechas, pero no pruebas que respaldaran la presunta participación de Boodram en el atentado.
Por consiguiente, la togada dio lugar a la solicitud de su abogado de desestimar el caso por falta de pruebas.
Así mismo, los investigadores recibieron información de que Ramírez Poedemo y un cómplice venezolano, quienes ingresaron ilegalmente a Guyana portando el artefacto, llegaron en barco a un embarcadero en Parika (Guyana) en la mañana del 26 de octubre.
Posteriormente, los señalados se desplazaron en un taxi y, al parecer, vigilaron la estación de servicio antes de dejar allí el artefacto.
En relación a La Cruz, la jueza Mc Gusty señaló que le resultaba muy revelador el hecho de que la acusada hubiera grabado un video con su teléfono -en el que mostró el lugar donde se encontraba- para luego borrarlo. El video fue recuperado por la policía.
La magistrada Mc Gusty afirmó no creer que La Cruz estuviera diciendo "toda la verdad".
Según la jueza, la mujer parecía estar allanando el camino para que el primer acusado pudiera completar su cometido, lo cual incluía gestiones como organizar su alojamiento en un hotel y realizar la grabación del video.