Los hechos se produjeron durante una audiencia pública sobre las garantías de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, cuando Ordóñez afirmó que la legitimidad de la JEP se consigue con resultados y transparencia, y celebró que su nuevo presidente, Danilo Rojas Betancourt, manifestara su intención de acelerar las imputaciones y avanzar hacia los juicios.
"No venimos a discutir la legitimidad de la JEP. Entonces, le pido que se limite al tema de protección", le respondió al ministro el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, quien consideró que no era pertinente utilizar ese espacio para poner en duda la legitimidad de la jurisdicción.
El ministro insistió en que no había terminado su exposición y pidió completarla, a lo que Salazar respondió que podía continuar, pero le recordó que tanto él como los demás funcionarios convocados debían ceñirse a los asuntos relacionados con el seguimiento de las medidas cautelares y las responsabilidades institucionales en materia de protección.
"Aquí no estamos para juzgar a la JEP, es un asunto político que no nos compete en esta audiencia. Usted puede tener sus opiniones, pero este no era el lugar", insistió posteriormente el magistrado, quien pidió al Gobierno presentar un cronograma de acciones concretas para cumplir sus obligaciones de protección.
Ordóñez había señalado que la seguridad de los comparecientes ante la JEP es una prioridad del Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y defendió la necesidad de que la jurisdicción acelere sus procesos, cierre los casos pendientes y avance hacia decisiones definitivas que permitan satisfacer los derechos de las víctimas.
También cuestionó las "amplias benevolencias, prerrogativas y tratamientos penales especiales" incorporados en el modelo de justicia transicional del acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La audiencia, convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, buscaba evaluar los avances institucionales en la protección de los firmantes de paz, sus familias y sus organizaciones, en medio de la persistencia de homicidios, atentados, amenazas y desplazamientos.
En la audiencia está previsto también que la JEP escuche a excombatientes de las FARC, entre ellos, a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último comandante de esa guerrilla.
En la diligencia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un panorama preocupante sobre la violencia contra esta población, ya que, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 521 firmantes han sido asesinados entre 2017 y el 18 de julio de 2026.
Además, según información de la Fiscalía, 353 de esos homicidios ocurrieron en municipios que contaban con una alerta de seguridad.
"Esto quiere decir que las instituciones disponían de advertencias sobre las dinámicas de violencia. Es necesario fortalecer la articulación entre la advertencia a cargo de la Defensoría del Pueblo y la respuesta rápida, a cargo del Ministerio del Interior", argumentó Marín.