Las organizaciones indicaron en un comunicado que el Gobierno prohibió el ingreso de insumos básicos a las prisiones tras la fuga de 195 presos el pasado 1 de junio de La Joyita, situada en el área metropolitana de la capital.
Las al menos diez muertes habrían ocurrido en los centros penitenciarios de Nueva Esperanza, en la caribeña provincia de Colón; y en La Joya y La Joyita, que componen un gran complejo carcelario, según el comunicado de las organizaciones.
Estas tres cárceles suman un total de 12.241 privados de libertad, lo que supone casi el 50 % del total de la población penitenciaria de Panamá, hasta septiembre pasado, según datos oficiales.
El grupo de organizaciones ya había denunciado en las últimas semanas la muerte de un preso de 32 años por falta de atención médica temprana, además de redes de corrupción por parte de los trabajadores penitenciarios para "vender" a las familias productos básicos y falta de información sobre el estado de salud de los reclusos.
El ministro de Salud, Fernando Boyd, dijo este jueves a preguntas de los periodistas que el Ministerio de Salud "da el servicio (de atención de salud) dentro de las cárceles", que el personal sanitario "atiende según la demanda que exista", y que si un recluso debe ser trasladado a un hospital "se le atiende de la mejor forma".
Las ONG exigieron al Ministerio de Gobierno (Interior) de Panamá, responsable del sistema penitenciario, explicar con inmediatez una cifra oficial de los presos fallecidos así como "detallar las medidas de urgencia adoptadas para frenar esta crisis humanitaria en los penales".
En medio de esas denuncias, el director del sistema penitenciario, Chanan Singh, -quien asumió el cargo tras la crisis de junio pasado por la fuga masiva- presentó su renuncia alegando que la Policía Nacional sigue asumiendo competencias dentro de las cárceles pese a que la ley solo la faculta para encargarse de la seguridad externa.
En la fuga de junio pasado, tres reos murieron, nueve personas, entre presos y custodios, resultados heridos, y la mayoría de los fugados fueron capturados al momento. Como consecuencia de ello, el Gobierno endureció las normas penitenciaria como prohibir el ingreso de insumos básicos por parte de los familiares.
"Limitar, restringir o negar la alimentación a personas bajo custodia del Estado constituye un acto criminal, una violación flagrante del derecho a la vida e integridad física, y una forma inadmisible de trato cruel e inhumano. Es inaceptable que desde el mes de junio se haya prohibido a los familiares el ingreso de comida, obligando a los reclusos a depender de raciones estatales drásticamente insuficientes", denuncias las ONG.
Según dijo la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a una comisión parlamentaria en agosto pasado, cada año se destinan unos 39 millones de dólares solo para la alimentación de los reos de las cárceles del área metropolitana de la capital y Colón.