La encuesta, elaborada a partir de las respuestas de 95.883 personas mayores de 15 años de 35 países europeos, entre ellos los 27 Estados miembros de la UE, fue dada a conocer este jueves.
El porcentaje de personas que consideran que el consumo de drogas es un problema grave a escala local oscila entre el 44 % de los encuestados en Dinamarca y el 78 % en Chipre, alcanzando un 85 % en Macedonia del Norte entre los socios no pertenecientes a la UE que participan en la encuesta.
Las percepciones en relación con el aumento del tráfico de drogas también difieren: en Chipre, el 67 % cree que ha aumentado a escala local en los últimos cinco años, en comparación con el 38 % en Dinamarca y Lituania.
La preocupación por la participación de menores y adolescentes en el tráfico de drogas encabeza los problemas de seguridad pública relacionados con estas sustancias: un 30 % de los encuestados la considera una cuestión grave, por delante de la violencia vinculada a las drogas (27 %) y la conducción bajo sus efectos (26 %).
En el ámbito sanitario, los problemas de salud mental son la principal inquietud para el 39 % de los europeos, por delante de los daños asociados a las nuevas drogas sintéticas (30 %).
La encuesta también refleja la elevada disponibilidad percibida del cannabis: casi la mitad de los ciudadanos europeos (48 %) cree que podría conseguir esta sustancia en menos de 24 horas.
El porcentaje aumenta hasta el 55 % entre los jóvenes de 15 a 24 años, frente al 42 % de las personas de 55 años o más.
La cocaína y el éxtasis se consideran menos accesibles, aunque aproximadamente un tercio de los encuestados cree que podría obtenerlos en ese mismo plazo.
En cuanto a las respuestas para combatir el problema, la ciudadanía europea se inclina por reforzar la persecución del tráfico de drogas: un 39 % apoya medidas más estrictas contra los traficantes y un 37 % apuesta por desmantelar las redes criminales, mientras que solo un 13 % respalda la legalización y regulación de las drogas.
Sin embargo, cuando se pregunta cómo abordar el consumo, las opiniones están más divididas: el 45 % defiende una actuación policial más contundente contra el tráfico y la distribución, frente al 43 % que apuesta por ayudar a las personas con adicciones a reincorporarse al mercado laboral y a la vida cotidiana.
La encuesta muestra, además, una mayor predisposición a ayudar que a castigar a las personas que consumen drogas y entran en contacto con la justicia, ya que el 45 % considera que deberían recibir apoyo, frente al 31 % que defiende una condena penal o una pena de prisión.
Esta actitud, sin embargo, no se traduce necesariamente en una mayor aceptación social: solo el 31 % estaría dispuesto a tener como vecino a alguien que consume drogas y apenas el 19 % aceptaría que se casara con un familiar.