En una nota de prensa, el SNTP subrayó que la reforma establece multas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de referencia, es decir, entre 500 y 10.000 euros, además de trabajos comunitarios y programas educativos de entre 200 y 600 horas.
"Estas sanciones pueden comprometer el patrimonio de periodistas independientes y la continuidad de medios de comunicación, por lo que la eliminación de las penas de prisión resulta insuficiente para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión", indicó el SNTP.
Además, advirtió que el "temor a una investigación o a posibles sanciones puede condicionar las decisiones editoriales, desalentar investigaciones periodísticas y provocar que las fuentes informativas guarden silencio".
También cuestionó la necesidad de mantener la ley contra el odio, dado que en el ordenamiento jurídico venezolano hay disposiciones dirigidas a "prevenir y castigar determinadas conductas de incitación al odio, discriminación y violencia".
A principios de mes, el Parlamento de Venezuela, con mayoría chavista, aprobó en primera discusión la reforma de la ley contra el odio para despenalizar y establecer sanciones administrativas o multas a quienes incurran en estas faltas. La norma debe superar una segunda discusión para ser sancionada definitivamente.
El SNTP contabilizaba en enero de este año 40 casos de periodistas presos o judicializados, de los cuales 28 eran relacionados con imputaciones por delitos previstos en la ley contra el odio.
La 'Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia' fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.
Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de "incitación al odio" desde la aprobación de esta norma, en 2017, según datos difundidos en septiembre por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.