La acusación constitucional busca destituir al ministro e inhabilitarle para ocupar cargos públicos durante cinco años y fue presentada en la Cámara de Diputados por un grupo de parlamentarios.
“No nos quedaremos de brazos cruzados, no vamos a mirar para el lado, no seremos cómplices de que pedófilos y criminales estén libres sin haber cumplido su condena y sin haber pagado su deuda con toda la sociedad", dijo Jorge Brito, diputado del izquierdista Frente Amplio, el partido del expresidente Gabriel Boric.
La izquierda y la centroizquierda, que anunciaron hace dos semanas su intención de presentar la solicitud de juicio político, no cuentan con los 78 votos necesarios para sacarla adelante en la Cámara Baja y necesitan el apoyo de otros grupos de derecha que no forman parte del Gobierno.
Al ministro le acusan de haber vulnerado la Constitución y tratados de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras cosas.
"El presidente de la República señaló que era un grave error (la concesión de los beneficios carcelarios), que no tenía justificación ni jurídica, ni técnica, ni política. Sin embargo, lo mantiene en el cargo", indico por su parte en el mismo punto de prensa el diputado socialista Raúl Leiva.
El escándalo estalló en octubre cuando se conoció que el ministro firmó entre marzo y septiembre varios decretos que autorizaban rebajas de pena por buen comportamiento a 56 pederastas, así como a al menos dos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Rabat defiende que cumplió con la ley y que no tenía otra opción que firmar los decretos, ya que la Corte Suprema concede la rebaja de penas a los presos de manera automática, independientemente del criterio de Justicia.
“La Corte Suprema nunca obligó al ministro Rabat a tomar las decisiones que tomó”, afirmó por su parte Andrea Parra, diputada del socialdemócrata PPD.
Se trata de una de las mayores crisis que ha enfrentado presidente José Antonio Kast desde que llegó al poder, en marzo pasado.
El mandatario ultraderechista se niega a remover al ministro, pese las demandas de parte de su sector, lo que ha llevado a su popularidad a mínimos desde su llegada al poder, situándose por debajo del 30 % en la mayoría de las encuestas.