La medida, anunciada el jueves por la Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos y recogida por la agencia oficial Xinhua, implica al Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía Popular Suprema y el Tribunal Popular Supremo, que realizarán un seguimiento conjunto de los 18 expedientes.
Entre los casos seleccionados figuran también la comercialización de productos de salud presentados falsamente como extranjeros y el tratamiento de brotes de bambú con azufre, aunque las autoridades no precisaron el número de investigados, los posibles afectados ni la situación procesal de las causas.
Un responsable de la comisión aseguró que las autoridades mantendrán una política de persecución rigurosa de los delitos alimentarios, sin ofrecer detalles sobre los plazos de resolución de los expedientes ni sobre las actuaciones judiciales previstas.
El anuncio llega un mes después de que las autoridades chinas aprobaran nuevas directrices para perseguir estos delitos y mejorar la coordinación entre los organismos reguladores y judiciales, tras reconocer deficiencias en la tramitación de los casos.
También en octubre, un tribunal de la provincia noroccidental de Gansu condenó a cadena perpetua a una responsable de una guardería por la intoxicación con plomo de 233 niños en 2025, de los cuales 201 tuvieron que ser hospitalizados.
En agosto, las autoridades ordenaron inspecciones tras detectarse el uso ilegal de formaldehído para conservar coles durante su transporte, mientras que en 2024 siete empresas fueron multadas por transportar aceite de cocina en cisternas utilizadas previamente para productos químicos.
El antecedente más grave de las últimas décadas se remonta a 2008, cuando leche infantil adulterada con melamina causó la muerte de al menos seis bebés y afectó a unos 300.000 menores, en un escándalo que desencadenó una profunda crisis de confianza en la industria alimentaria china.