Estas sanciones propias, que oscilan entre cinco años, seis meses y diez días, y seis años y seis meses, implican restricciones efectivas de derechos y libertades, así como mecanismos de monitoreo y supervisión para verificar su cumplimiento.
Los condenados por estos casos de los denominados "falsos positivos" son los oficiales Edie Pinzón Turcios, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Efraín Enrique Prada Correa, y los suboficiales Jaime Coral Trujillo y William Andrés Capera Vargas, quienes ejercieron distintos cargos de mando en unidades militares que operaron en el departamento de Antioquia (noroeste).
La JEP, un tribunal creado con los acuerdos de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la ahora extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), declaró a los cinco responsables de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato, aunque estableció distintos grados de participación en los hechos.
La sentencia -correspondiente al caso conjunto 03 y 04, conocido como Cementerio Las Mercedes de Dabeiba-sanciona crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos entre 1997 y 2007 en ese municipio y otras localidades del noroeste de Colombia.
La JEP explicó que las sanciones estarán orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de memoria, la dignificación de las víctimas, el desminado humanitario, el mejoramiento de infraestructura rural y el fortalecimiento de iniciativas productivas.
"Las medidas estarán orientadas, entre otros objetivos, a la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de memoria y la transformación de los territorios afectados por la violencia", explicó la vicepresidenta de la JEP, la magistrada Diana Vega.
Antes de la sentencia, los condenados participaron en trabajos, obras y actividades con contenido reparador (TOAR) anticipados, entre ellos iniciativas de educación sobre el riesgo de minas antipersona, recuperación ambiental, mejoramiento de escuelas y vías, formación en género y construcción de murales de memoria.
La JEP destacó que estos trabajos constituyen un antecedente de las medidas de reparación que ahora deberán cumplir los sancionados bajo supervisión judicial.
En Colombia, los llamados 'falsos positivos' son la ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidos por agentes del Estado que posteriormente presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para hacer pasar los crímenes como resultados de operaciones militares.
La JEP estableció que al menos 6.402 personas fueron víctimas de esta práctica entre 2002 y 2008, periodo de mayor concentración de estos hechos durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010).