La activista Mildred García denunció, en representación de la Comunidad Defensora de Derechos Humanos durante una conferencia de prensa, la persistencia de la persecución judicial y las agresiones contra líderes comunitarios.
Asimismo, instó al presidente, Bernardo Arévalo de León, al Ministerio Público (Fiscalía), al Congreso de la República y al Organismo Judicial a asumir compromisos reales para frenar las violaciones a las garantías fundamentales.
"Como defensores de derechos humanos nos damos cuenta de que la misma institucionalidad se presta para violar los derechos más fundamentales. Entonces, exigimos al Gobierno, exigimos al presidente de la República Bernardo Arévalo de León, que realmente le ponga interés a los derechos de todos los guatemaltecos", afirmó García.
Por su parte, el dirigente Edgar Tomás alertó sobre la existencia de más de 3.500 órdenes de captura tramitadas por la Fiscalía contra campesinos que defienden el territorio. Además, cuestionó las presiones para obligar a los detenidos a aceptar cargos como única vía para recuperar la libertad.
Aunque las organizaciones agrupadas en la Comunidad Defensora de Derechos Humanos reconocieron avances como la línea telefónica para denuncias, señalaron que la política gubernamental carece de un plan de trabajo operativo, estructura adecuada y presupuesto para su implementación.
Frente a esta situación, el colectivo exigió instalar la mesa técnica de trabajo, instruir la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú e incorporar las observaciones del gremio periodístico para consolidar un mecanismo integral de protección.
La Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos fue lanzada por el Gobierno de Arévalo de León en noviembre de 2025, en cumplimiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida en 2014 por el asesinato del activista Florentín Gudiel Ramos, en 2004.