Alejandro Álvarez, docente e investigador del Departamento de Economía de la UCA, expuso durante la presentación de un informe sobre cambio climático que el sector agropecuario salvadoreño afronta dificultades estructurales acumuladas a lo largo de los años y no problemas aislados, lo que merman su capacidad de respuesta ante las crisis meteorológicas.
Este año, la sequía y la irregularidad de las lluvias han perjudicado principalmente los cultivos de maíz y frijol debido a El Niño, un fenómeno cuyas repercusiones amenazan la seguridad alimentaria de las familias del país.
La mayor parte de los alimentos que componen la canasta básica salvadoreña procede de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para suplir el déficit de la producción interna.
Álvarez y Meraris López, coautores del análisis, advirtieron que, de no adoptarse medidas inmediatas frente a estas contingencias, los sectores más vulnerables sufrirán el mayor impacto y se incrementarán los índices de pobreza.
Para mitigar este escenario, los especialistas plantearon una estrategia integral que combine la seguridad en la tenencia de la tierra, financiación agrícola con enfoque de género, infraestructuras hídricas, asistencia técnica permanente y sistemas continuos de evaluación.
Buena parte de la población rural salvadoreña reside en el Corredor Seco Centroamericano, una franja ecológica que discurre desde Costa Rica hasta el estado mexicano de Chiapas, pasando por Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Esta zona está habitada por unos 11,5 millones de personas, la mitad de las cuales depende de la agricultura de subsistencia. Además, alrededor del 30 % de la población rural aún carece de acceso formal a la red de agua potable, recordaron los analistas.
El informe recomienda al Gobierno salvadoreño priorizar el papel de las mujeres en las tareas agrícolas, fortalecer sus capacidades productivas y facilitar la consolidación de medios de vida más resilientes frente a los embates climáticos.
López subrayó que las consecuencias del calentamiento global castigan con particular dureza a las trabajadoras rurales, por lo que instó a garantizarles el acceso a la propiedad de la tierra, facilitar créditos específicos, invertir en obras comunitarias y orientar la inversión pública hacia este colectivo.
De acuerdo con las cifras recabadas en el estudio, las mujeres representaban apenas el 8,6 % del total de productores agropecuarios en 2019; asimismo, el 30,7 % de las agricultoras no cuenta con instrucción formal y únicamente el 4,1 % de las mujeres del campo solicitó créditos agrícolas en 2023.