"Va a ser un abordaje de las autoridades administrativas y posteriormente a los privados de libertad. Les consultaremos sobre denuncias que se han recibido, que son múltiples, y que hacen ver la posible existencia de violaciones a los derechos humanos y también de tortura y eventuales delitos de abuso de autoridad", explicó el fiscal general a los periodistas.
Díaz afirmó que el objetivo de esta visita al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), en la que también participan funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, es "conocer de primera mano si eso está sucediendo o si lo descartamos".
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, criticó -en sus redes sociales- la inspección del fiscal porque no hubo una coordinación previa con su ministerio, que es el encargado de la administración de las cárceles.
"¿Persecución obsesiva y show politiquero? Que cada costarricense saque sus propias conclusiones sobre estas actuaciones -especialmente las del fiscal general de la República- del lado de quién están y a quién defienden", escribió el ministro.
Tanto el Gobierno pasado de Rodrigo Chaves (2022-2026) como el actual de Laura Fernández (2026-2030), del mismo movimiento político, han criticado constantemente al fiscal general y al Poder Judicial, a quienes responsabilizan de la inseguridad del país y de defender más los derechos de los delincuentes que los de las víctimas.
El pasado 14 de octubre, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró el primer módulo del CACCO con capacidad para 1.020 privados de libertad y anunció que se espera que para diciembre próximo estén listos los restantes cuatro, con lo cual se alcanzaría la capacidad máxima de 5.100 presos.
La mandataria se comprometió a que en la cárcel se respetarán los derechos humanos de los privados de libertad y rechazó las críticas de la oposición y de diversas organizaciones sobre las condiciones en las que permanecerán los presos.
El pasado 26 de octubre las autoridades penitenciarias trasladaron al CACCO a los primeros 123 presos, a quienes mostraron rapados y con uniformes color naranja.
Según la información oficial, el CACCO dispone de videovigilancia las veinticuatro horas y presencia policial estratégica en pasarelas y puntos de control para supervisar los movimientos de la población penitenciaria y prevenir cualquier intento de vulnerar la seguridad del complejo.
Las proyecciones oficiales indican que con la entrada en operación total de la megacárcel la sobrepoblación carcelaria del país pasará del 59 % actual a un 15 %.
El CACCO, en el que Costa Rica invirtió cerca de 35 millones de dólares, está inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la "guerra" contra estas bandas implementada por Nayib Bukele, a quien la presidenta Fernández considera un referente en materia de seguridad.
El Gobierno costarricense asegura que la megacárcel, que se enmarca dentro de las promesas de "mano dura" de la jefa de Estado Fernández, representa "una transformación histórica en la administración penitenciaria costarricense".